El Gobierno abrió un diálogo con los gremios universitarios para darles un aumento salarial a los docentes y no docentes y así desactivar la marcha federal del 2 de octubre. Además, la mesa chica del Ejecutivo tiene la idea a largo plazo de transferir las universidades nacionales públicas a las provincias.
Según pudo saber TN, la decisión se habría tomado este martes en Casa Rosada, tras la reunión entre el jefe de Gabinete, Guillermo Francos, la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello y el titular de Desregulación y Transformación del Estado Federico Sturzenegger. Hasta el momento, los voceros oficiales de las distintas áreas no dieron una cifra específica del aumento.
“Es de cajón una movida del Gobierno. Lo que siempre hace es dar un ofrecimiento a alguna de las partes para desactivar la protesta”, dijo una fuente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Las negociaciones se dan mientras Javier Milei prepara el veto total a la Ley de Financiamiento Universitario, que el Senado aprobó a mediados de septiembre con 57 votos a favor, 10 en contra y una abstención. Además, el Gobierno sostiene que si los gremios aceptan la contraoferta para las paritarias, los problemas se solucionarían.
Víctor Moriñigo, presidente del CIN, se expresó este martes sobre la situación de las Universidades Nacionales y la decisión del Ejecutivo: “Estamos convencidos de que no es un problema de financiamiento, es un problema de prioridades y ojalá el Presidente tenga el mejor de los asesoramientos para que se nos llame pronto y podamos conversar sobre cómo financiar el sistema universitario y la ciencia y tecnología de nuestro país”.
En respuesta, el Ministerio de Capital Humano aseguró que existe “diálogo y compromiso con las universidades”. Según el comunicado de este miércoles, la cartera siempre realizó los “esfuerzos necesarios para garantizar el funcionamiento de las Universidades Nacionales”.
El ministerio que conduce Sandra Pettovello detalló los aumentos a la educación universitaria que se hicieron en lo que va del año: “Además del incremento de los gastos de funcionamiento en un 270%, hubo una atención especial referida a los insumos y dinámicas específicas que suponen los hospitales universitarios que, por pedido de las universidades, recibieron más de 49 mil millones de pesos adicionales sobre el aumento de esa línea presupuestaria para 2024. En el caso específico de la UBA, del cual depende el Hospital de Clínicas, las transferencias representan el 94,8% de ese pedido adicional”, explicaron.
Capital Humano también advirtió que las medidas de fuerza y movilizaciones “no alimentan el intercambio” en el diálogo.
El Gobierno evalúa transferir las Universidades Nacionales a las provincias
La cúpula del Ejecutivo estudia la idea de transferir las universidades nacionales a las provincias. De esta manera, las instituciones educativas deberían encontrar formas de poder financiar cada estructura sin la ayuda de Nación.
TN consultó a algunas provincias que dijeron desconocer esa intención, aunque aseguraron que si ocurre “el traspaso debería ser con los respectivos recursos de las casas de estudio”.
Por otro lado, referentes educativos aclararon que es una medida “inviable” porque se debería mandar una ley nacional y luego lograr que las legislaturas provinciales se unan a ella.
La ley que va a vetar Milei y las partidas que el Presupuesto 2025 destina al sector educativo
La Ley de Financiamiento Universitario que Milei quiere vetar propone una distribución fija del presupuesto universitario al asignar el 85% a salarios y el 15% restante a gastos generales y de funcionamiento. También establece una recomposición salarial para docentes y no docentes en línea con la inflación, pero de manera complementaria a las paritarias. El proyecto autoriza al Ejecutivo a realizar ajustes presupuestarios y modifica el artículo 58 de la Ley de Educación Superior. Como indico TN, Milei emitirá un decreto para dejar sin vigencia la medida porque sostiene pone en peligro el equilibrio fiscal.
Sin embargo, el Gobierno propuso en el Presupuesto 2025 una partida de gastos para universidades nacionales de $3,8 billones, una cifra casi dos veces menor a lo que pide el CIN para cubrir gastos salariales.