Virginia Sutherland es miembro del Polo Obrero en San Juan. Fue ella quien tomó la palabra y negó que en la provincia desde ese frente extorsionen a sus integrantes. Todo se da por una serie de denuncia donde la Justicia investiga presuntos casos de extorsión que realizaba un grupo de piquetero sobre los beneficiarios de planes sociales como el Potenciar Trabajo: sobre los 28 imputados, la mayoría, 17 de ellos, pertenecen al Polo Obrero.
Si bien no se conocen que haya denuncias que involucren a dirigentes sanjuaninos, la santacruceña pero radicada en Chimbas hace años, dio a conocer su versión y negó que esas extorsiones existan: “Nosotros ni en San Juan ni en segunda parte del país extorsionamos a los compañeros. Seguramente si hay algún compañero en alguna parte del país no lo sabemos. El Polo Obrero tiene 25 años de lucha e historia, nosotros combatimos los punteros”, explicó una de las referentes de este frente en San Juan en declaraciones a Radio Sarmiento.
Según dieron a conocer medios nacionales mediante escuchas telefónicas y audios, donde los dirigentes del Polo amenazan a los integrantes con sacarles el beneficio si no asisten a las marchas, Sutherland se mostró incrédula y desconfió de los medios de comunicación: “Es todo falso, las denuncias hasta ahora no se conocen, los compañeros denunciados no han visto las denuncias por las que se arman las causas. Hay ciertos medios que me molesta escucharlos asi que no escuché los audios, no se que dicen. No sabría decir si son ciertos o si los habrán manipulado. Es llamativo que los medios de comunicación tengan acceso a los expedientes y los abogados defensores no”, continuó.
Con respecto al origen de los fondos en el Polo Obrero, Sutherland negó que reciban apoyos estatales, todo lo contrario ya que aseguró que ellos se autofinancian. “El Polo Obrero tiene un estatuto y hace un año estos mismos medios pero con otro Gobierno, montaron una provocación que nosotros cobrábamos. Nosotros nos autofinanciamos, no recibimos plata del Estado para hacer una marcha. Cada compañero aporta el 2% de un plan del Estado pero es voluntario. Es falso que nosotros amenazamos a la gente”, comentó.
LA CAUSA
En el pedido de detención y allanamientos que le realizó al juez Sebastián Casanello, describe un sistema de “castigos” sobre los beneficiarios de planes sociales que no asistían a las marchas y protestas organizadas por la Unidad Piquetera. En el escrito, el fiscal federal detalla los roles de los integrantes de la “Asociación Civil Polo Obrero” y la “administración” sobre tres comedores comunitarios cuyos responsables fueron denunciados a la línea 134 habilitada para tal fin por el Ministerio de Seguridad de la Nación, a cargo de Patricia Bullrich. Se reconocen “aprietes”, “extorsiones” “sanciones”, “multas” y “cobro de cápita”. Son los comedores sociales Rivadavia I, La Carbonilla y Mariano Ferreyra.