Fabián Rodríguez Simón, el ex asesor de Mauricio Macri que estuvo tres años y medio viviendo en Uruguay prófugo de la justicia argentina, volvió finalmente esta mañana a la Argentina. Según pudo saber Infobae, el abogado embarcó esta mañana en Colonia junto a su auto particular y cruzó a Buenos Aires. Llegó a la 13 a la terminal de Buquebus (fotos). Como no pesa sobre él una orden de detención, no hubo un operativo especial de seguridad esperándolo: el letrado tiene libertad para moverse por el país sin restricciones.
Ya en territorio argentino, lo primero que hizo fue trasladarse a los tribunales de Comodoro Py 2002 para acreditar que se encuentra en la Argentina y entregar su pasaporte.
Pepin llegó a las 13:15 al tercer piso de Comodoro Py. Apenas advirtió que la presencia de algunos periodistas, volvió a enfundarse los lentes oscuros que se había quitado cuando bajó del auto. Esperó junto a sus abogados 50 minutos hasta que lo convocaron a firmar la documentación. A las 14:15 ya estaba afuera. Tendrá que regresar cuando la jueza fije la fecha de su indagatoria. Aún está pendiente que declare como acusado en la causa por presunta persecución a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López.
Rodríguez Simón regresó al país con la certeza de que no sería detenido. Gracias a una serie de fallos de la jueza María Servini, de la Cámara Federal y de la Cámara Federal de Casación Penal, el empresario tiene una exención de prisión que se le concedió previo al pago de una fianza millonaria: 3.120.000.000 de pesos. Para pagar ese monto consiguió la ayuda de un exfuncionario del gobierno de Cambiemos investigado en la misma causa, José Torello, quien se convirtió en fiador de “Pepín”, tal como lo detalló Infobae el 24 de octubre pasado. Los apoderados del grupo Indalo habían apelado a la Corte Suprema de Justicia para conseguir un fallo en esa instancia que garantizara su arresto, pero el empresario emprendió su regreso.
“Cumplida que sea la caución dispuesta, lábrense las correspondientes actuaciones y déjese sin efecto la orden de captura nacional e internacional de FABIÁN JORGE RODRÍGUEZ SIMÓN, para lo cual deberán librarse, llegado el caso, los respectivos oficios”, sostuvo la resolución. También se dispuso dejar sin efecto “la inhibición general de bienes y congelamiento bancario dispuestos el día 19 de mayo de 2021″, escribió la jueza María Servini el 8 de mayo pasado.
En tribunales no se recuerda una cifra tan alta de caución para cumplir con la solicitud. Para poner la cifra de la fianza, se tuvo en cuenta “el tiempo prófugo, que tenía bienes en el país, había sido abogado de manera privada, funcionario público y que durante todo este tiempo estuvo inhibido y con los productos bancarios congelados y aún así pudo sustentarse en el exterior del país con lo que ello implica económicamente”, dijo la jueza. Ahora, con Rodríguez Simón en Argentina, Servini pondrá fecha a la indagatoria.
Pepín Rodríguez Simón: el caso
“Pepín” Rodríguez Simón decidió irse en 2021, cuando la jueza Servini avanzaba en la investigación por presunta extorsión a los dueños del Grupo Indalo, Fabián De Sousa y Cristóbal López, durante el gobierno de Cambiemos. Se trata de la denuncia que radicó por asociación ilícita el empresario De Sousa diciendo que se conformó una banda para sacarle el Grupo Indalo y en la que operó en conjunto con la AFIP y la prensa. Allí fue acusado el ex presidente Mauricio Macri, “Pepín” y otros funcionarios de la AFIP.
Servini llamó a indagatoria a “Pepín”, pero el ex asesor no se presentó a la cita. Fue entonces cuando la jueza lo declaró en rebeldía y dictó una orden de captura. Sin embargo, para esa altura, Simón iniciaba el trámite ante la CORE (Comisión de Refugiados) para obtener la condición de refugiado en Uruguay. Desde entonces se quedó en el país vecino, donde incluso tuvo una silla en el Parlasur. Desde allí, cuando se quiso tratar su expulsión, el abogado mostró un video que compilaba intervenciones de dirigentes argentinos hablando en su contra. Además, sostuvo que existe una “campaña de desprestigio de los medios K”. Apuntó especialmente contra Alberto Fernández y Cristina Kirchner y afirmó que ambos hablaron públicamente de la posibilidad de que él fuera preso, con lo cual se consideró un “perseguido político” en Argentina.
“El abogado [Carlos] Beraldi pidió mi indagatoria el mismo día que asumió como ministro de Justicia Martín Soria”, explicó el ex asesor jurídico de Macri en una entrevista con La Nación. “Desde ese día empezó una campaña en mi contra y todos los alcahuetes del Gobierno empezaron a repetir ‘Pepín va a ir preso’. Pedí refugio político en Uruguay en el marco de una serie de normas de protección a las personas. La verdad es que no es nada grato. Me preocupa lo que está pasando en el país, un país al que no puedo volver”, dijo.
La Corte Suprema de Uruguay rechazó un recurso de casación presentado por el ex funcionario macrista, pero el fallo no tuvo efectos inmediatos porque la defensa de Rodríguez Simón presentó un segundo pedido de refugio en diciembre pasado de 2022 y amplió la denuncia contra el gobierno de Alberto Fernández y Cristina Kirchner.
A cinco meses de la asunción del gobierno de Javier Milei, la defensa de “Pepín” sorprendió con un pedido de eximición de prisión para poder volver a la Argentina sin ser detenido y presentarse en los tribunales a su indagatoria. Entendió que con las nuevas autoridades podía volver y se estimaba corroborada una intención real de sustraerse de la justicia.
Gustavo de Urquieta, el abogado de “Pepín”, sostuvo: “El solicitante de refugio no es un prófugo de la justicia, sino que se encuentra en una situación jurídica subjetiva de protección internacional humanitaria, por lo que la actual situación procesal del señor Rodríguez Simón no importa un antecedente que pueda vincularse con la posibilidad de que intente eludir el accionar de la justicia, luego de que se conceda su exención de prisión”, dijo. Y afirmó que el exfuncionario no quiso “‘eludir el accionar de la justicia’ en este expediente, sino que fue consecuencia directa del ejercicio de un derecho internacional humanitario de raigambre constitucional motivado en sus temores, según me señaló, de ser perseguido político. El señor Rodríguez Simón entendió que regresar a nuestro país para cumplir con la citación a indagatoria suponía graves riesgos para él”.
El 8 de mayo, la jueza Servini le concedió el pedido bajo caución real de $3.120.000.000 y la imposición de una serie de obligaciones procesales. Tanto el fiscal Guillermo Marijuan como los empresarios López y De Sousa apelaron contra la resolución de Servini. La defensa de Rodríguez Simón cuestionó que los querellantes pudieran oponerse al tema, pero la Cámara Federal confirmó su rol por “la amplia participación de la víctima en el marco de un proceso penal”.
El primero en pronunciarse sobre el pedido de “Pepín” fue el juez Martín Irurzun. “Los antecedentes del caso revelan la existencia de una situación de riesgo procesal que torna improcedente la exención de prisión que se concedió”, afirmó. Citando jurisprudencia propia en donde él rechazó esos permisos a personas buscadas, el juez subrayó que “el mantenimiento en el tiempo de la condición de prófugo constituye un factor de envergadura a la hora de merituar el riesgo de fuga”.
Pero los jueces Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi rechazaron esa postura. “Rodríguez Simón no ha permanecido oculto y con paradero desconocido (circunstancia ésta excepcional que no caracteriza los procesos en rebeldía), sino que se ha trasladado a la República Oriental del Uruguay -fijando allí domicilio- a los efectos de ejercer un derecho que entendió legítimo, cual fue el de solicitar el 6 de mayo de 2021 el reconocimiento de su condición de refugiado político. Esta circunstancia fue debidamente anoticiada en autos el día 18 del mismo mes y año”, resaltó. Para la mayoría de la Cámara Federal la única posibilidad de avanzar con el proceso era si el acusado se presenta a indagatoria. La fiscalía y las querellas volvieron a apelar. La Cámara Federal de Casación ratificó su exención de prisión. Así las cosas, la defensa del exasesor de Mauricio Macri pagó su fianza millonaria de $3.120.000.000 con la ayuda de un exfuncionario del gobierno de Cambiemos investigado en la misma causa, José Torello, quien se convirtió en fiador de “Pepín”.