En respuesta a uno de los reclamos más repetidos de las provincias, el Gobierno nacional anunció ayer la creación del Régimen de Reparación Federal, que tiene por objetivo sanear las deudas mutuas entre la Nación y las provincias como así también las compensaciones económicas pendientes. Le darán 30 días hábiles administrativos las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires para adherir al plan, y 60 días hábiles administrativos para presentar la documentación respaldatoria.
Al respecto, el vicejefe de Gabinete del Interior, Lisandro Catalán, aseguró que “la idea es hacer un borrón y cuenta nueva en las compensaciones entre las provincias y la Nación”, ya que “desde hace muchas décadas las cuentas fiscales y un centralismo creciente han llevado a que las relaciones financieras y económicas entre la Nación y las provincias no sean simétricas”.
A través de este decreto -que saldrá publicado hoy las provincias y la Ciudad de Buenos Aires podrán incorporar al citado régimen las deudas que consideren necesarias, con el objetivo de unificarlas con aquellas que el Estado nacional mantiene con cada uno de los distritos, de modo de acordar compensaciones, conciliaciones, transacciones, reconocimiento, remisiones y toda otra operación que tenga como fin la cancelación de deudas, con créditos que tengan cada una de las jurisdicciones con el Estado nacional.
“El objetivo es caminar junto con los gobernadores hacia un verdadero federalismo”, añadió Catalán, ya que, según enfatizó, “uno de los pilares de nuestro Gobierno es el ordenamiento de la macroeconomía y el equilibrio fiscal”. Y concluyó: “Se viene una etapa en la Argentina en la que debemos trabajar juntos”.
Por último, el decreto indica que los saldos provenientes de débitos o créditos recíprocos serán cancelados en las condiciones que establezca el acuerdo celebrado entre Nación y cada uno de los distritos participantes.
Y deja como opción la posibilidad de que si el saldo de deuda resulta a favor del Estado nacional, las provincias o la CABA podrán cancelarlo afectando un porcentaje de los recursos que le correspondan por coparticipación.