El Gobierno reglamentó la ley de Aporte Solidario y Extraordinario para morigerar los efectos de la pandemia (ley 27605/2020) -conocida también como aporte de las grandes fortunas- y sus detalles se conocieron ayer al publicarse la edición del Boletín Oficial.
La ley 27605, que se sancionó en el Congreso el 4 de diciembre último y se promulgó el 18 del mismo mes, establece un aporte por única vez de una tasa del 2% a los patrimonios de las personas físicas que hayan declarado en el impuesto a las Bienes Personales más de 200 millones de pesos (aunque la tasa va subiendo según el patrimonio) .
La norma, en ese aspecto, establece que la tasa a cobrar se irá elevando según el rango de fortuna que se haya declarado: será del 2,25% para quienes se encuentren entre los $300 y los $400 millones, del 2,50% para aquellos que tengan entre $400 y $600 millones, y del 2,75%, para aquellos patrimonios entre $600 y $800 millones.
El aporte subirá hasta el 3% en el caso de las fortunas entre los $800 y $1.500 millones y se extenderá hasta el 3,25% para quienes tengan entre $1.500 y 3.000 millones. Por último, a quienes tengan bienes que superen este último valor se les cobrará un 3,5%.
Además, la ley 27605 determina específicamente cuál será el destino de los fondos recaudados, que serán distribuidos, a saber: en un 25% a exploración, desarrollo y producción de gas natural; otro 20% a adquirir equipamientos de salud para enfrentar la pandemia; un 20% a apoyar a empresas Pymes; un 20% para financiar el relanzamiento de las becas Progresar creadas para apoyar a jóvenes estudiantes, mientras que el 15% restante se utilizará para la urbanización de barrios populares mediante cooperativas organizadas por los vecinos de cada barrio.
El impuesto a los ricos fue pensado para que el fisco sume una contribución adicional de las personas físicas con mayor capacidad económica en un contexto de emergencia, como la pandemia global de Covid-19.
La iniciativa surgió de una serie de ideas y propuestas que se fueron ajustando y que sobre todo fueron impulsadas por el titular de la comisión de Presupuesto de la Cámara Baja, Carlos Heller (FDT-CABA), y el jefe del bloque del FDT en Diputados, Máximo Kirchner, quienes se convirtieron en las caras públicas del proyecto.
La reglamentación que se conoció con la publicación en el Boletín Oficial, a las 0 horas de este viernes 29 de enero, fija precisiones para calcular el rango de fortuna de aquellas personas que poseen acciones o participaciones en empresas, permitiéndoles, por ejemplo, descontar deudas o pasivos de las empresas a la fecha del 18 de diciembre de 2020.
Otro de los puntos de la reglamentación está referido a la excepción para las llamadas "actividades operativas" ligadas a lo productivo y no a la valorización de activos financieros: el decreto precisa que las actividades cuyos ingresos no provengan en un porcentaje superior al 50% de rentas pasivas no podrán definirse como "activos financieros".
El decreto 42/2021 faculta por otro lado a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) para que se encargue de "instrumentar los regímenes de información a los fines de recabar datos" y evitar así las operaciones de evasión impositiva.
- Repuntan los 0KM
La cantidad de vehículos 0 kilómetros patentados en enero registró una suba de 9,9% respecto a igual mes de 2020, con 49.438 unidades, informó ayer Acara. "Valoramos y nos esperanza este crecimiento del 10% con respecto al enero 2020 pre pandemia,", dijo Ricardo Salomé, presidente de Acara.
- Denuncian a la jueza que suspendió la IVE
La ONG Católicas por el Derechos a Decidir denunció ayer por prevaricato a la jueza de feria Marta Aucar de Trotti, la magistrada chaqueña que dio curso a una medida cautelar que suspende en esa provincia la aplicación de la la Ley 27.610, de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). La denuncia fue presentada ante la Fiscalía de Turno de la ciudad de Resistencia, donde la ONG acusó a la magistrada de revaricato, un delito que se configura cuando las resoluciones que dictan los jueces "no están fundadas en derecho o parten de hechos falsos", señaló la CDD.
La jueza Aucar de Trotti dispuso la suspensión de la aplicación de la Ley Nº 27.610 del aborto legal en todo el territorio de esa provincia tras una medida cautelar presentada por activistas contrarios al derecho al aborto.