El juez federal Claudio Bonadio envió ayer a juicio oral y público a la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner, al diputado Julio De Vido y a otro medio centenar de imputados en la causa que investiga los denominados cuadernos de las coimas. Así lo dispuso a través de una resolución, en la que, además, insistió con su pedido de desafuero de la senadora y actual candidata a vicepresidenta por el Frente de Todos, Cristina Kirchner, "con el fin de cumplir con la prisión preventiva" dispuesta en este expediente y confirmada en segunda instancia. De esta forma, el magistrado resolvió la finalización de la etapa de instrucción de este expediente que ahora será enviado al Tribunal Oral Federal (TOF) 7 que salió designado por sorteo para llevar adelante el debate que tendrá en el banquillo de los acusados a medio centenar de imputados, entre exfuncionarios y empresarios.
Se trata de la investigación de la denominada causa de los cuadernos de la corrupción, que comenzó con la revelación de anotaciones escritas por Oscar Centeno, exchofer de Roberto Baratta, sindicado como presunto "intermediario" entre el exministro de Planificación, Julio De Vido, y empresarios, durante el kirchnerismo.
El juez Bonadio señaló en su resolución que en la causa de los Cuadernos se investigó una "asociación ilícita que desarrolló sus actividades aproximadamente desde principios del año 2003 hasta noviembre del año 2015, y cuya finalidad fue organizar un sistema de recaudación de fondos para recibir dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilegalmente y de utilizar parte de esos fondos en la comisión de otros delitos, todo ello aprovechando su posición como funcionarios del Poder Ejecutivo Nacional".
El magistrado también elevó a juicio el tramo de la causa en el que se investigan maniobras de supuesto lavado de dinero protagonizadas por el fallecido exsecretario presidencial Daniel Muñóz y su entorno y el segmento del expediente en el que se investigan irregularidades en el otorgamiento de subsidios a empresas vinculadas con el transporte ferroviario.
Entre las personas que deberán sentarse en el banquillo de los acusados por este expediente y dos de sus derivaciones, se cuentan el propio Baratta, hoy detenido, al igual que De Vido, como así también el exsecretario de Obras Públicas José López y Claudio Uberti, extitular del Órgano de Control de Concesiones Viales (Occovi) durante la gestión de gobierno kirchnerista.
En el tramo principal de la causa de los Cuadernos, la expresidenta está procesada con prisión preventiva -aunque no será encarcelada por gozar de fueros parlamentarios- como presunta responsable de los delitos de asociación ilícita, "en calidad de jefa", y cohecho pasivo, en calidad de coautora.
De acuerdo al fallo de 157 páginas emitido por Bonadio, debajo de la expresidenta en la pirámide organizacional de la asociación ilícita se encontraban De Vido y Baratta, a quienes les fue asignado el rol de organizadores y a los que también se acusa por cohecho pasivo.
Entre los sindicados como organizadores de la asociación ilícita se encuentra el arrepentido extitular de la Cámara de la Construcción Carlos Wagner quien se refirió a la "cartelización" de la obra pública- y el arrepentido financista Ernesto Clarens, quien aportó listados de las supuestas coimas recibidas de manos de empresarios.
La mayoría de los empresarios elevados a juicio fueron acusados de los delitos de cohecho activo, aunque uno de ellos figura en la resolución de Bonadio como miembro de la supuesta asociación ilícita: se trata de Gerardo Ferreyra quien se encuentra bajo prisión preventiva domiciliaria. Entre los empresarios acusados por el supuesto pago de coimas están Enrique Pescarmona, Aldo Benito Roggio, Eduardo Hugo Eurnekian, Alberto Taselli, Alejandro Pedro Ivanissevich y Hugo Dragnetti y Ángelo Calcaterra, entre otros.
Demora la libertad para Cristóbal López
En otro fallo de trascendencia para el mundo K, el juez Bonadio rechazó ayer excarcelar a los empresarios Cristóbal López y Fabián de Sousa, quienes se encuentran detenidos con prisión preventiva en el marco de causas vinculadas al caso de los cuadernos. Las defensas de los dos empresarios apelarán la semana que viene el fallo ante la Cámara Federal porteña, con el objetivo de que los imputados puedan recuperar su libertad.
Bonadio rechazó hacer lugar al planteo formulado por Cristóbal López, tras señalar que está acusado de integrar una asociación ilícita y que posee medios que podrían permitirle evadir o entorpecer el accionar de la justicia, según pudo saber Télam. López y De Sousa plantearon sus respectivas excarcelaciones luego de haber logrado la noche del jueves que ese beneficio les fuera concedido en la principal causa por la que están siendo investigados: el juicio oral y público por no haber rendido en tiempo informa las sumas de dinero relacionadas al impuesto a la transferencia de combustibles cobrado a través de la firma Oil Combutibles.
El Tribunal Oral Federal 3 dio lugar los planteos de Cristóbal López y De Sousa, realizados en base a un fallo de la jueza federal María Eugenia Capuchetti que, el viernes pasado, sobreseyó a ambos en un expediente donde se buscaba determinar si habían transferido acciones de sus empresas del Grupo Indalo cuando estaban inhibidos para hacerlo. Tal como lo indicó el TOF, la excarcelación de Cristóbal López, titular del Grupo Indalo, y de su socio Fabián De Sousa no se hizo efectiva porque ambos detenidos "siguen a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional 11 (Bonadio)", en las causas 520/19 y 13816/18. Ahora será la Cámara Federal porteña la que deberá definir la suerte de ambos detenidos en el marco de dos expedientes, derivados de causa cuadernos por presunto lavado de dinero y cartelización de la obra pública.
Máximo K y otros de La Cámpora, a salvo
En el mismo fallo, Bonadio dispuso el sobreseimiento de los dirigentes políticos de La Cámpora, como Máximo Kirchner, Eduardo "Wado" De Pedro, Andrés "Cuervo" Larroque, José Ottavis y Julián Álvarez en relación con el delito de asociación ilícita. De todas formas, existe aún un expediente desprendido de la causa de los cuadernos que está en manos de la jueza María Romilda Servini en la que se investiga si fue utilizado dinero ilegal en campañas electorales; hecho que se les había achacado a los dirigentes ahora sobreseídos. En el caso del exjefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, también investigado en la causa cuadernos, fue sobreseído en orden al delito de asociación ilícita, mientras que el juez Bonadio dispuso su elevación a juicio oral por 18 hechos de cohecho pasivo (cobro de coimas) en calidad de partícipe secundario. Por otra parte, entre los sobreseídos de todos los cargos se encuentra el exsecretario general de la Presidencia durante el kirchnerismo Oscar Parrilli, acusado de recibir dinero ilegal de manos de Baratta.