En la causa se investiga una defraudación entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016 con fondos enviados desde el Ministerio de Planificación que conducía De Vido al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio en Santa Cruz para su remodelación y modernización, mediante convenios con la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y la "Fundación Facultad Regional Santa Cruz". La malversación se calcula en 265 millones de pesos.
Estarían involucrados funcionarios del Ministerio de Planificación y las Municipalidades de Río Turbio y de Río Gallegos. Dos exgerentes del yacimiento denunciaron que el exinterventor de Río Turbio Atanasio Pérez Osuma -actual intendente de la ciudad- suscribió convenios con la UTN de Santa Cruz para "asistencia técnica" o "capacitación de personal". Según la denuncia, a través de esos convenios circularon miles de millones de pesos, utilizados para pagar de manera directa a proveedores. Los fondos estarían relacionados con los planes de modernización. La Sindicatura General denunció que el presupuesto previsto tuvo hasta once modificaciones de costo, lo que generó un incrementó de su valor en un 98%.