Una causa por la que ayer fueron condenados cinco empresarios tiene en la mira de la Justicia a la misma Casa Rosada por un cruce de llamadas desde la sede del Gobierno argentino con narcotraficantes involucrados en la denominada causa de la efedrina.
La jueza federal María Servini de Cubría advirtió ayer que allanará la Casa de Gobierno si la administración de Cristina Fernández no le da información sobre líneas telefónicas de la Casa Rosada involucradas en el caso de la efedrina, una causa por la que ayer fueron condenados cinco empresarios a penas de entre 2 y 11 años de prisión por el tráfico de esa sustancia.
"Le damos un tiempo; si no contestan volvemos a reiterar; y si no contestan, vamos a allanar. Todo puede llevar un mes", dijo la magistrada a Radio Mitre.
Es que la jueza firmó un oficio dirigido al secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien había emitido un comunicado para despegar Néstor Kirchner y Cristina Fernández de los hermanos Zacarías, implicados en la causa y que trabajaron con ellos desde la época en que mandaban en Santa Cruz.
Servini pretende determinar cuáles son los funcionarios o empleados de Balcarce 50 con los cuales se comunicaron desde la secretaría antidrogas (Sedronar), donde trabajaba Miguel Zacarías.
En ese momento, en la Casa de Gobierno cumplían funciones sus hermanos Rubén y Miguel Zacarías.
"Nosotros tenemos entrecruzamientos de algunas llamadas de la Casa Rosada con algunos narcos. Entonces son esos los teléfonos que queremos saber quiénes los usaban", dijo. Pero cuando le pidieron explicaciones sobre lo de los "narcos" aclaró que se refería a "algunas personas que trabajaban en Sedronar y Zacarías".
Para Servini, "el narcotráfico tiene que tener un apoyo de adentro y también apoyo de alguna fuerza de seguridad" y señaló que "es muy difícil investigar porque hay presiones de todos lados". "Hay amenazas, los abogados se enloquecen, pero no he tenido problemas con la política", sostuvo Servini. Según explicó, esta denuncia se dividió en varias causas y por eso se hace "difícil" la investigación.
Precisamente, casi al mismo tiempo en que Servini decía estas palabras por radio Mitre, el Tribunal Oral Federal (TOF) 4 condenó a cinco empresarios por el tráfico ilegal de 12.799 kilos de efedrina, que fue autorizada por el ex titular de la secretaría antidrogas (Sedronar), José Ramón Granero.
El TOF 4 condenó a 11 años a Augusto Abraham, dueño de Farmacéuticos Argentinos; a 4 años y 11 meses a Guillermo Manfredi, gerente de ese laboratorio, y a 6 años a Alberto López, dueño de Prefarm; a cinco años a Víctor Wendring Duarte y a dos años en suspenso a Raúl Cores, ambos dueños de tres farmacias. Las condenas fueron por los delitos de introducción al país y comercio de materias primas para la producción o fabricación de estupefacientes, y los cinco también deberán pagar multas de entre 22 mil y dos mil pesos.