En medio del creciente descontento social por una ola de crímenes violentos que asolan a la provincia, el gobernador de Mendoza, Francisco Paco Pérez, dio una vuelta de tuerca en la política de seguridad: reforzará el patrullaje de las calles con 750 policías y dará luz verde a los fiscales para ‘pinchar’ teléfonos y realizar allanamientos sin una orden previa de un juez.
La medida más inmediata verá luz este jueves cuando 750 uniformados se sumen a prevenir y combatir la inseguridad en las calles.
La iniciativa más dura del paquete de medidas anunciados por el ministro de Seguridad, Carlos Aranda, está contenida en un proyecto de ley que deberá tratar la Legislatura provincial. Se trata darles la facultad a los fiscales de que sean ellos los encargados de ordenar allanamientos sin pedir autorización previa al juez y autorizar escuchas telefónicas para agilizar los procesos legales que hoy traban las investigaciones delictivas.
El plan contempla también la creación de una base de datos que contenga además del prontuario del delincuente, los bienes y activos con los que cuenta para desfinanciarlos una vez que han sido detenidos con el objetivo de que dejen de operar. Para seguir esa “ruta de dinero” el área de Inteligencia criminal trabajará de manera coordinada con la Dirección de Rentas y la AFIP.
En ese sentido, se pondrá la mira en el negocio de los teléfonos celulares y los desarmaderos de autos. También se anunció que se seguirán las propiedades y cuentas bancarias de los delincuentes, como se hace en otros países.
A esta batería de anuncios se suma la llegada de un crédito del BID para comprar e incorporar 450 cámaras de seguridad en el Gran Mendoza y fortalecer la participación ciudadana. Para eso también se habilitará en los próximos días un 0800, que le permitirá a cualquier persona aportar información de manera anónima a la Policía sobre distintos hechos que permitirán acelerar la detección de delitos.
Este jueves, 750 policías armados que realizan tareas administrativas hará tareas de prevención y operativas. Son efectivos que trabajan en distintas dependencias policiales y que luego de las 13 saldrán en grupos (de acuerdo a su régimen horario) a patrullar las calles con tareas específicas (operativos en barrios, en zonas comerciales y espacios verdes), sobre todo en las horas más conflictivas.
Otros 120 policías se irán incorporando dentro de 20 días para luego completar la tanda con otros 100 que no están en las calles por problemas de salud. Este último grupo estará formado por personal retirado que han sido convocados de nuevo por el Gobierno para encargarse de la visualización de las cámaras de seguridad y cumplan funciones en el 911.
Estas incorporaciones impactarán en las arcas del Estado, ya que los efectivos convocados cobrarán el 50 por ciento del sueldo que percibían antes de retirarse más su jubilación. El ministro Aranda calculó que se necesitarán 2 millones de pesos de acá a fin de año para pagar las tareas que desarrollará esta franja de efectivos.
Fuentes: DyN, diarios de Mendoza