El Gobierno nacional, a través de la AFIP, salió ayer a intentar sacar del ojo de la tormenta a al vicepresidente Amado Boudou envuelto en un escándalo por supuesto tráfico de influencias a favor de la empresa Ciccone Calcográfica S.A. cuando era ministro de Economía.

La estrategia oficialista para acallar los cuestionamientos sobre Boudou fue encabezada por el titular de la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), Ricardo Echegaray que negó las acusaciones que pesan sobre el vicepresidente y cuestionó la actuación del juzgado que tramitó la quiebra de la compañía.

‘El entonces ministro de Economía y actual vicepresidente, Amado Boudou, no intervino en el pedido de quiebra de Ciccone ni tampoco en su levantamiento‘, aseguró el funcionario. Sin embargo, admitió que Boudou avaló un plan de pagos para la compañía, aunque aclaró que ‘sólo evacuó una consulta técnica efectuada por la AFIP que además hizo lo que la ley le marca‘.

Echegaray precisó que ‘quien levantó la quiebra (pedida por la AFIP por incumplimientos) de Ciccone fue el juez Cosentino el 3 de septiembre de 2010‘ a solicitud de la propia empresa y ‘no Boudou‘ y recordó que la quiebra había sido declarada el 15 de julio del 2010‘.

Tan importante es para el Gobierno despegar las dudas en torno al vicepresidente que programó una conferencia para ‘aclarar procedimientos técnicos‘ sobre las operaciones que llevó adelante la AFIP en la quiebra de Ciccone Calcográfica.

Echegaray explicó que luego de decretada la quiebra, Ciccone se presentó para solicitar un plan de pagos para sus incumplimientos que incluía ‘una quita y condonación de intereses, multas y honorarios‘, pedido que ‘excede las facultades que le da a la AFIP el artículo 32 de la Ley de Procedimiento Tributario‘.

Echegaray subrayó que fue en ese marco ‘que se remite la solicitud al Ministerio de Economía de acuerdo a los estándares jurídicos‘. Reveló que ‘el entonces ministro Boudou contestó diciendo que hagamos lo que la ley dice que tengamos que hacer y en consecuencia se le otorgó un plan de facilidades de pago a Ciccone a los efectos de cumplimentar la estrategia recaudatoria de AFIP para empresas concursadas o fallidas‘.

Enfatizó que ‘no‘ le fueron concedidos a la empresa los pedidos extraordinarios que había realizado. En otro orden, cuestionó la decisión del juez Javier Cosentino -a cargo de la quiebra- de alquilarle a la firma Boldt las máquinas con las que operaba Ciccone. ‘Esta fue una decisión, a nuestro juicio, equivocada‘, señaló Echegaray, que reveló que al conocerse la medida le pidió a la Justicia que le restituya a Ciccone la maquinaria.

Echegaray puntualizó que Boldt ‘fue denunciada penalmente por la utilización de facturas apócrifas, falsificación de documentos públicos y simulación dolosa de pago y sellos falsos‘.