Chubut reducirá la planta política de la administración pública en un 40 por ciento, privatizará el contralor médico de los empleados estatales, eliminará subsidios, suspenderá pagos a proveedores, ejecutará un censo de deuda pública y buscará unificar convenios colectivos de trabajo, como parte de un drástico plan de corte de gastos, anunció el gobernador Mariano Arcioni.
El paquete de medidas fue anunciado por el gobernador en la que fue su primera intervención pública fijando pautas de administración, a un mes y diez días de haber asumido tras el fallecimiento de Mario Das Neves, a quien reemplazó.
Las medidas buscan achicar un déficit anual estimado de más de 7.000 millones de pesos.
“Nos conmueve aún la muerte de Mario Das Neves, pero no podemos estar lamentándonos, tenemos que tomar medidas pensando en la ciudadanía” dijo Arcioni.
El acto concluyó con la firma de un decreto que suspende “hasta el 31 de diciembre de 2018, todo incremento en la remuneración o equivalencias remunerativas de los ministros, secretarios de estado, subsecretarios, autoridades fuera de escalafón y personal de cargos políticos o equivalentes”.
Otra medida propicia la creación del “expediente digital”, con el que se busca eliminar el uso de papel y la burocracia, junto a la reducción de un 40 por ciento de los cargos políticos y de gabinete, por lo que cada ministerio y secretaría de estado reducirá el número de subsecretarías como máximo a tres.
El decreto también instruye a los organismos a informar en un plazo no mayor a los 30 días sobre su planta de personal para establecer “si se encuentran en condiciones de obtener el beneficio de la jubilación ordinaria”.
Los organismos “no podrán en un un plazo de 12 meses efectuar contrataciones o designaciones de personal”.
Además se pondrá en marcha un “legado integral de personal con el objetivo de validar la información de cada agente, y ninguno podrá percibir su salario sin antes validar sus datos en el censo dispuesto”.
En el artículo 15, que se espera genere conflictos entre los gremios del Estado, del decreto se establece la denuncia de “la totalidad de convenios colectivos de trabajo ultra activas y vencidas en todo el estado provincial”, tras lo cual, en el artículo siguiente, se encomienda “la revisión de los regímenes de empleo, fueren de función pública o laborales, vigentes”.
En el artículo 17 se indica que “los agentes que así lo deseen, dispondrán de un plazo hasta el 31 de marzo del 2018 para optar retirarse de la administración pública, percibiendo en cada caso una gratificación extraordinaria, por cada año o fracción, no inferior de seis meses de antigüedad de servicios”.
Además, para los agentes que “faltándoles tres años o menos para acceder a la jubilación ordinaria, decidieran retirarse, se les ofrecerá un monto equivalente al 30 por ciento de la remuneración normal y habitual a abonarse en forma mensual hasta que el agente acceda a la jubilación ordinaria”.