La muerte de José Luis Cabezas fue decretada en febrero de 1996, cuando en Pinamar, el mismo balneario en el que casi un año después, el 25 de enero de 1997 aparecería su cadáver carbonizado, fotografió a uno de los hombres más influyentes, pero menos conocido de la Argentina.
El pecado mortal del reportero gráfico fue esa foto de tapa de la revista Noticias para la que trabajaba. En ella aparecía Yabrán, en traje de baño, paseando por la costa de Pinamar de la mano de su esposa María Cristina Pérez.
Por esa época Louis Freeh, director del FBI, consideraba a Yabrán una pieza del andamiaje internacional que lavaba dinero proveniente del narcotráfico, el tráfico de armas y otros crímenes.
"Sacarme una foto a mí es como pegarme un tiro en la cabeza", había dicho Yabrán a Noticias en una entrevista publicada años antes. Después, en el verano de 2000, fue acusado por la Cámara de Apelaciones y Garantías de Dolores, provincia de Buenos Aires, de instigador principal del crimen de Cabezas, pero no llegó a juicio porque se suicidó. Igual se dictaron máximas condenas para los ejecutores del crimen, pero los principales culpables están libres y sólo dos volvieron a prisión por violar la libertad condicional. Igual gozan de salidas transitorias.
El crimen
En las primeras horas del sábado 25 de enero de 1997, un día antes de cumplir 37 años, Cabezas llegó a estacionar su auto frente a su domicilio en Pinamar, a unos 340 km al Sur de Buenos Aires.
Allí vivía junto a su esposa y su pequeña hija Candela mientras cubría la temporada para Noticias.
Eran las 5:15, regresaba de una fiesta a la que había ido a tomar fotos, en la casa del empresario telepostal Oscar Andreani. Sin imaginarse el peligro intentó descender del vehículo, cuando un grupo de desconocidos lo rodeó, lo golpeó, lo inmovilizó con un juego de esposas marca Alcatraz, lo obligó a subir a un auto y lo llevó hasta un paraje desolado llamado Manantiales, ubicado a 11 km de Pinamar, en General Madariaga, más conocido como "La Cava’. Allí lo torturaron y ejecutaron con dos disparos en la nuca, efectuados con un revólver calibre 32, con mirilla roja, que había sido secuestrado por policías de Valeria del Mar a unos ladrones.
Luego lo introdujeron en el auto que él mismo Cabezas utilizaba esa noche, alquilado por la revista Noticias. Lo rociaron con combustible y lo quemaron junto a su cámara Nikon F-4. Aún tenía puestas las esposas.
La trama asesina
El empresario postal Alfredo Yabrán, que había logrado montar un imperio durante la última dictadura militar y que había podido consolidar durante los gobiernos de Raúl Alfonsín y Carlos Menem, no le perdonó a Cabezas haberlo sacado del anonimato. Por eso, ordenó su asesinato y puso al frente del plan a su jefe de custodia, Gregorio Ríos.
El sargento retirado del Ejército contrató al ex policía bonaerense, Gustavo Prellezo, para materializar el mandato, y el primer paso de éste fue contratar a "los horneros" -porque vivían en Los Hornos, La Plata-, para que secuestraran a Cabezas. Pero fue Prellezo quien personalmente cumplió el mandato: disparó dos veces el arma que terminaría con la vida del reportero y abriría una ola de repudio inédita en Argentina.
El crimen se convirtió en un caso histórico que en su momento salpicó al Gobierno nacional, en medio de una interna entre el gobernador Eduardo Duhalde y el presidente Carlos Menem. Pero esta interna terminaría por sacar al asesinato de la impunidad. Un dirigente del PJ de La Plata trajo ante Duhalde a un supuesto arrepentido que estaba dispuesto a contar todo si le daban garantías de que no lo iban a matar como ya lo habían intentado. Y habló.
Con esa información, más lo recabado por el cruce de llamadas del sistema excálibur -que por primera vez se usaba en el país-, el juez de Dolores, José Luis Macchi ordenó la detención de la banda.
Justicia sin justicia
Cuando Gregorio Ríos contó a Macchi que contrató a Prellezo para matar a Cabezas porque a su patrón "le molestaban sus guardias periodísticas frente a la mansión", el juez ordenó la captura de Yabrán. Pero el 20 de mayo de 1998, en un acto que aún hoy genera sospechas, Yabrán se suicidó, con un disparo de escopeta en la boca, en su estancia de San Ignacio, Entre Ríos. Llevaba 15 días en la clandestinidad, prófugo, eludiendo el pedido de captura.
Sin Yabrán en escena, en febrero de 2000 la Justicia condenó a Ríos como principal responsable de ordenar el crimen. También fueron sentenciados los Horacio Braga, Gustavo González, Héctor Retana y José Luis Auge, y los ex policías Gustavo Prellezo, Aníbal Luna y Sergio Cammarata. Y en diciembre de 2002 fue condenado a perpetua el ex comisario de Pinamar Alberto Gómez, acusado de "liberar la zona" donde se cometió el secuestro y posterior crimen. Pero una posterior apelación al Tribunal de Casación bonaerense redujo las sentencias y permitió a los acusados ir obteniendo la libertad gracias al "dos por uno" o volver a sus casas para cumplir arresto domiciliario.