Después de un largo derrotero judicial sin consecuencias efectivas, una de las causas por corrupción que avanzan en la Justicia puso ayer al exministro de Planificación Federal y hoy diputado nacional del Frente para la Victoria, Julio Miguel De Vido, a un paso del desafuero y detención.
La Cámara Federal porteña ordenó ayer detener al exsuperministro de Néstor y Cristina Kirchner y reclamar para ello el "inmediato" desafuero de legislador en la causa en la que se lo investiga por un multimillonario fraude contra el Estado en Yacimientos Carboníferos Río Turbio, en Santa Cruz.
El Tribunal de Apelaciones dispuso que el juez del caso, Luis Rodríguez, proceda a la "inmediata formalización" del pedido de desafuero ante la Cámara de Diputados de la Nación para luego cumplir con la orden de detención en su contra, según el fallo de la sala II.
"Su encarcelamiento resulta la única alternativa viable para garantizar el éxito de esta investigación", sostuvo en su voto el camarista Martín Irurzun al referirse a De Vido.
Irurzun votó junto con su colega Leopoldo Bruglia por el desafuero y detención de De Vido mientras que el tercer camarista, Eduardo Farah, estuvo de acuerdo en pedir que le quiten los fueros parlamentarios, pero se mostró partidario de fijarle una "fuerte caución" para mantenerlo libre en la causa.
Las órdenes de la Cámara fueron impartidas al juez del caso, Luis Rodríguez, quien ya pidió al Congreso Nacional el desafuero del diputado para luego detener a De Vido, algo que hasta ahora el magistrado de instrucción se había negado a realizar aunque sí lo citó a declaración indagatoria para el 28 de noviembre próximo.
Frente a este requerimiento judicial, la coalición oficialista Cambiemos, con apoyo de aliados y sectores de la oposición, avanzará en la Cámara de Diputados con el proceso para la separación del cuerpo de Julio De Vido.
El macrista Pablo Tonelli anunció que convocará para el próximo martes a la Comisión de Asuntos Constitucionales para tratar el pedido de la Justicia y estimó que un día después, el miércoles 25, se reunirá "al pleno del cuerpo" para tratar en el recinto el pedido de desafuero de De Vido.
El oficialismo necesita de los dos tercios de los presentes para consumar el desafuero, que en el caso de asistencia perfecta de los 257 miembros, se requiere de 172 votos, mientras que el kirchnerismo debería sumar 86 voluntades para bloquear la medida. Pero a la tropa kirchnerista en Diputados le será complicado votar contra el desafuero por el costo político de no acatar un pedido de la Justicia.
Los seis legisladores sanjuaninos ya anticiparon a DIARIO DE CUYO que votarán a favor del desafuero (ver página 13). También juega en contra que otros bloques como la izquierda que votaron en contra en el intento anterior ahora irán por el desafuero.
Ya hubo un intento para desaforar a De Vido en julio pasado, cuando Cambiemos fogoneó el pedido de exclusión del exministro por "inhabilidad moral" ante la ausencia de un pedido judicial. En aquella sesión, el oficialismo quedó a menos de 20 votos de la expulsión de De Vido luego de que la votación finalizará 138 votos a favor, 95 en contra y 3 abstenciones, con 20 ausentes.
En la causa se investiga una defraudación entre el 14 de enero de 2008 y el 26 de enero de 2016 con fondos enviados desde el Ministerio de Planificación que conducía De Vido al Yacimiento Carbonífero de Río Turbio
para su remodelación y modernización, mediante convenios con la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional y la "Fundación Facultad Regional Santa Cruz".
La malversación de fondos se calcula en 265 millones de pesos de un total de 26 mil millones enviados desde el Estado Nacional.
Su libertad "obstaculiza" la pesquisa
La Cámara Federal porteña ordenó detener a Julio De Vido por entender que su libertad "es un obstáculo" para la pesquisa del fraude en Río Turbio y aludió a sospechas de destrucción de expedientes y a la "actitud evasiva" de los responsables de organismos públicos investigados.
La Cámara reseñó episodios ocurridos durante la investigación como supuesta destrucción de expedientes en organismos públicos, demoras en entrega de documentación y "actitud evasiva" frente a requerimientos judiciales.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia enumeraron las irregularidades detectadas, y advirtieron que se trata de una investigación por "actos de corrupción complejos, que habrían sido desarrollados con la necesaria intervención de funcionarios de diversas áreas del Estado y al amparo de su estructura, durante un extenso período de tiempo".
En concreto, la Cámara advirtió sobre las "dificultades para reunir la documentación antecedente de las operaciones cuestionadas", según declaraciones de testigos en la causa. También, hizo referencia a las "detalladas alusiones" de los testigos a "la actitud evasiva que asumieron frente a los requerimientos los responsables de los diversos organismos públicos e instituciones intervinientes". Igualmente, recordó que el fiscal ante esa instancia, Germán Moldes, hizo referencia "a la información pública que daría cuenta de que se habrían destruido expedientes vinculados a las obras que componen el complejo minero Yacimiento Carbonífero de Río Turbio". También, se aludió a una orden de presentación enviada a la sede de la Facultad Regional Santa Cruz de la Universidad Tecnológica Nacional donde "se incautaron elementos que fueron colocados en 34 cajas, 30 de ellas fueron remitidas a la sede del juzgado instructor dos meses después".