Según un informe de la Universidad Católica Argentina (UCA), el año pasado terminó con un 61,6% de los niños, niñas y adolescentes de la Argentina por debajo de la línea de la pobreza, es decir, sin tener el costo de la canasta básica cubierta. Eso implicaría que unos 8,2 millones se encuentran en esa situación. De ese total, 1,6 millones, incluso, viven en condiciones de indigencia, el 13,1% del total de la población de hasta 17 años.
En los últimos 3 años, el aumento de la cobertura alimentaria pública para niños y adolescentes pasó de contemplar a poco menos del 40% a cerca de 60%. Pero no alcanzó para disminuir de manera sensible la pobreza en ese sector de la población. Una proporción alta convive con su situación de inseguridad alimentaria: 4,2 millones comen menos que antes por efecto de la crisis económica.
Esas fueron algunas de las conclusiones a las que arribó un exhaustivo documento elaborado por el Observatorio de la Deuda Social de la UCA, que midió cómo concluyó el 2022 en distintas métricas para medir la pobreza infantil: alimentación, subsistencia -es decir, carencias económicas-, salud, hábitat, crianza y socialización, información, educación y trabajo infantil.
En algunos de los indicadores sociales vertebrales que tomó en consideración el ODSA-UCA las cifras volvieron a los niveles que tenían antes de la pandemia (es decir, las del cierre de 2019) mientras que otras ofrecen una resistencia a la baja todavía mayor y se mantuvieron por encima de ese nivel.
Entre 2020 y 2021, por la pandemia de coronavirus, hubo un marcado incremento en pobreza e indigencia y en 2022 fue retomado el camino de mejora, aunque fue insuficiente para "recomponer" el efecto hacia arriba que había provocado la crisis sanitaria y las medidas de restricción a la movilidad. Cuando terminó el 2019 la cantidad de niños y adolescentes pobres era de 59,5 por ciento. El pico de pobreza fue el 64,9% de 2021 y de indigencia, el 15,7% de 2020.
Entre 2019 y 2022 creció casi diez puntos porcentuales (desde 40% a 49,8%) la cobertura del gasto público en asignaciones universales y otras transferencias no contributivas hacia la población de ese rango etario. Fue una medida de respuesta a la crisis que sobrevino con el coronavirus y si bien pudo haber evitado un impacto mayor en un principio, no consiguió hasta 2022 hacer retornar la pobreza y la indigencia a los niveles prepandemia.
Se observa que el conurbano bonaerense tiene cifras por encima de la media nacional. La pobreza infantil salta en esa región hasta 69,1%, mientras que el 16,3% (uno de cada seis) de los chicos que viven en el conurbano es indigente y no tiene cubierta la canasta alimentaria.
Entre 2019 y 2022 creció casi veinte puntos porcentuales la cantidad de niños cubiertos por algún tipo de asistencia del Estado en términos alimentarios.