Victoria Villarruel no tuvo éxito en la reunión de Labor Parlamentaria realizada este miércoles y el mega Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que desregula la economía se debatirá este jueves en la sesión que realizará el Senado, desde las 11. La titular de la Cámara alta pidió posponer la discusión, pero no tuvo el aval de los jefes de bloque y la situación se agravó, en pleno encuentro, con el comunicado que emitió Javier Milei.
Según confiaron diversas fuentes a Infobae, Villarruel inició un operativo salvataje 48 horas atrás, cuando tomó la decisión de incluir el mega DNU en el temario de la sesión. Un día después, firmó la convocatoria formal para ir al recinto y generó enojos en la Casa Rosada. No obstante, La Libertad Avanza inició una ronda de llamadas a la oposición no kirchnerista -en especial, a legisladores con terminal en gobernadores- para dilatar la discusión de la norma insignia de Milei y resguardar al Gobierno.
En paralelo a esto, durante el transcurso de la jornada de hoy, el jefe oficialista en la Cámara alta, Ezequiel Atauche (Jujuy), fue hasta la Casa Rosada para hablar con funcionarios de primer nivel y reforzar la estrategia legislativa adoptada, que implicaba esperar el tratamiento del mega DNU este jueves y, a partir de ello, ejecutar una de estas opciones: o pedir una moción para posponerlo, o realizar el debate y recién ahí pedir que se dilatara la votación.
A pesar de lo realizado, la respuesta negativa de los jefes de bloque en la reunión de Labor Parlamentaria desarmó lo actuado en los últimos días. Para peor, el comunicado de Milei fue informado durante el encuentro y los ánimos en el Senado quedaron aún más caldeados, ante una eventual derrota del mega DNU. Para que la norma quede desactivada, necesita el rechazo de ambas Cámaras del Congreso, una situación que nunca se dio.
Por otra parte, con la jugada de último minuto, un sector del oficialismo y otros de la oposición no kirchnerista intentaban deslizar hacia el Gobierno otros caminos de negociación, en línea con el Pacto de Mayo ofrecido por Milei a los gobernadores, junto a una rediscusión de la ley “ómnibus” en Diputados y un acuerdo fiscal. Todo quedó lesionado con el comunicado del Ejecutivo.
Otro tema a tratar será la sanción del proyecto que modifica el Código Penal respecto de la prevención y represión del lavado de activos, la financiación del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva.
El proyecto fue enviado por el gobierno de Alberto Fernández y votado en Diputados en 2023, aunque el cristinismo lo frenó después en la Cámara alta. Recién el 7 de febrero pasado, tras negociaciones entre La Libertad Avanza con el radicalismo, el Pro, los peronistas de Unidad Federal y legisladores silvestres como los renovadores misioneros, el oficialismo se llevó el dictamen del texto en un plenario que realizaron las comisiones de Justicia y Asuntos Penales; y de Presupuesto y Hacienda.
La previa de dicho cónclave fue la intervención de la propia Casa Rosada -a través del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona- para convencer a la oposición no kirchnerista de avanzar con un dictamen y saldar, con la reglamentación de la ley, algunos puntos que fueron advertidos no sólo en Diputados, sino también durante el plenario de comisiones concretado en el Senado. Uno de ellos es la manera de designar a las autoridades de la Unidad de Información Financiera (UIF), con injerencia clave del Ministerio de Economía.
En concreto, el artículo en lupa impone: “Créase la Unidad de Información Financiera (UIF), como organismo descentralizado de la administración pública nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera, según las normas de la presente ley”.
A pesar de lo avanzado, el oficialismo retrotrajo su idea inicial y deslizó, semanas atrás, la posibilidad de emitir un DNU para mostrarle avances al Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). Esto generó enojo en la oposición no kirchnerista, que había firmado el dictamen de la iniciativa y avalado las promesas del Ejecutivo.
Con el correr de los días, el DNU -no podía contener cuestiones penales- el Gobierno volvió a modificar su opinión y, tras varias idas y vueltas, la ley sería sancionada este jueves, en plena visita del GAFI al país. La evaluación del organismo es clave ante el temor de caer de nuevo en la temida “lista gris”, una situación que ocurrió la última vez durante el cristinismo.
Otros temas a tratar en la sesión de este jueves serán el retiro e ingresos de pliegos -embajadores, judiciales-, convenios internacionales y la autorización al presidente para que se ausente del país durante este año.
Fuente: INFOBAE