El juicio oral y público por la tragedia del avión de Austral que cayó hace 20 años en Fray Bentos (Uruguay) y causó la muerte de 74 personas comenzará el 12 de abril de 2018, y sentará en el banquillo a 26 personas, entre exdirectivos de la empresa, que en aquel momento dependía de la española Iberia, y exmiembros de la Fuerza Aérea Argentina, informaron fuentes judiciales.
El debate estará encabezado por el Tribunal Oral Federal (TOF) 5. El caso fue enviado a juicio oral en junio de 2013 por el juez federal Sebastián Ramos, quien concluyó la investigación por la que 26 personas fueron acusadas de no haber cumplido con sus funciones para evitar la tragedia.
El accidente aéreo ocurrió el 10 de octubre de 1997 cuando el avión McDonnell Douglas DC9-32, Matrícula LV WEG, que había partido de Misiones y se dirigía al Aeroparque Jorge Newbery (ciudad de Buenos Aires) se estrelló en el Paraje Sánchez, ubicado en las cercanías de la localidad de Nuevo Berlín, en Fray Bentos, Uruguay, con 69 pasajeros y 5 tripulantes a bordo.
El caso fue investigado por al menos tres jueces, hasta que quedó radicada la causa en el juzgado de Ramos, quien durante la instrucción del proceso orientó la investigación para establecer si entre las causas que originaron el accidente cabía asignarle responsabilidad a los encargados de la empresa y a los responsables de la Seguridad Aerocomercial de la Nación.
La denuncia que dio origen a la causa fue impulsada por la familia de Viviana Rumachella, una azafata que murió en el accidente. Los familiares de las víctimas se agruparon en una sola querella.
Tanto para las familias de los tripulantes como de los pasajeros, la empresa y los organismos de control son responsables de la tragedia porque consideran que la nave no estaba en condiciones de volar. Se determinó que el avión no contaba con la alarma que se requiere para la precaución sobre fallas en el funcionamiento de la calefacción de los tubos pitot, uno de los motivos del accidente.
Los velocímetros del avión funcionan a partir de unos dispositivos ubicados en el fuselaje llamados tubos pitot que cuentan con un sistema de calefacción para contrarrestar las bajas temperaturas que les impiden accionar correctamente. Si el tubo pitot se congela, la indicación que aparece en el velocímetro no es la correcta.
Los aviones necesitan una alarma que advirtiera cuando el sistema de calefacción de los tubos pitot no funciona correctamente. Pero ninguno de los DC-9 de Austral tenían esa alarma cuando ocurrió la tragedia.
"Es una lamparita que te avisa que tu velocímetro no es confiable. Pero como los pilotos de Austral nunca pudieron darse cuenta de eso, aumentaron la velocidad y como el indicador no subía porque el pitot estaba congelado, sacaron los slats -tienen por misión aumentar la fuerza ascensional del avión- y uno se desprendió por la velocidad a la que iban. Inmediatamente el avión entró en un espiral que cayó a velocidad supersónica". Eso fue lo que afirmó el piloto aeronáutico y director de cine Enrique Piñeyro, que estuvo a cargo de la investigación de la caída del vuelo 2553 de Austral y apuntó a la Fuerza Aérea por haber habilitado el avión sin una alarma reglamentaria. Télam
Denuncias de familiares
En el texto con el que elevó la causa a juicio, el juez Ramos sostuvo que "el incumplimiento de los roles asignados a cada uno de los responsables, permitieron configurar una situación tal que generó la tragedia a la que todos los involucrados hicieron su aporte".
La falla de la alarma y otras más generaron la presentación de otras denuncias de familiares, que buscan que se investigue, por ejemplo, qué incidencia en la tragedia pudo haber tenido la privatización de Austral, dispuesta por el gobierno del expresidente Carlos Menem.
En 2001 el juez federal Jorge Ballestero caratuló el hecho como "estrago culposo" y en 2006 Piñeyro estrenó el documental "Fuerza Aérea Sociedad Anónima", en el que expuso distintos hechos de corrupción vinculados con la aviación civil argentina con foco en la tragedia de Austral. Después del accidente, un vuelo especial partió hacia Gualeguaychú con más de 40 familiares para identificar los cadáveres. Pero en Entre Ríos les explicaron que no había nada para reconocer. Los 74 cuerpos entraron en dos cajones que fueron enterrados varios años después en un cementerio del Gran Buenos Aires.