El proyecto de reforma impositiva presentado por el Gobierno nacional causó impacto no solo en los sectores productivos y políticos de San Juan y Mendoza. La gobernadora de Tierra del Fuego, Rosana Bertone, afirmó que "confía" en que el Ejecutivo a cargo del presidente Mauricio Macri modifique la quita de aranceles a productos electrónicos antes del envío de la iniciativa al Congreso, aunque advirtió que, si es necesario, elaboró un listado de 84 diputados a los que "llamará personalmente" para explicarles de los efectos que tendría la medida en la provincia.
Bertone sostuvo que las modificaciones impositivas dejarían fuera de competitividad a las industrias radicadas en la isla, generando "9.600 despidos y la disolución lisa y llana de la economía fueguina".
"Estamos esperanzados en una corrección antes del envío del texto (al Congreso), pero yo me preparo para la peor situación, que es tener que ir a debatir el proyecto a la Cámara de Diputados y luego a la de Senadores", aseveró la gobernadora fueguina en diálogo con la agencia Télam.
La mandataria explicó que en el listado de 84 diputados "hay algunos con los que tenemos una relación previa y hay otros que por primera vez ocuparán una banca; también me comuniqué con otros gobernadores para transmitirle la situación de shock que vivimos aquí a partir de los anuncios del ministro (Nicolás) Dujovne".
Según Bertone, la tarea de persuadir a dirigentes y funcionarios de otras jurisdicciones no será sencilla porque "muchos consideran que Tierra del Fuego posee un exceso de beneficios en materia fiscal", mientras que otros "se dejan llevar por medios nacionales poderosos o por la presión de los importadores".
La gobernadora también se refirió al impacto que tendrán en el distrito otros aspectos de la reforma tributaria, como una posible disminución del Impuesto a los Ingresos brutos, y detalló que sólo por ese rubro, la provincia podría perder cerca de 2.000 millones de pesos.
"Es cierto que la Ciudad y la provincia de Buenos Aires han aceptado esa rebaja, pero en sus casos lo han compensado con subas del impuesto inmobiliario, y eso es algo que nosotros no podemos hacer", enfatizó.
Por otra parte, reconoció que otro de los temas delicados de las reformas nacionales es la solicitud de armonización de la caja de jubilaciones de la provincia con el sistema nacional. Al respecto, dijo que si bien "no pensamos en un traspaso (de la caja) a la Nación, es cierto que hay gobernadores de mi propio espacio político que lo están analizando".
"Hemos hecho una reforma previsional en la provincia al comienzo de mi gestión, que ha sido importante aunque no sé si suficiente. Nación nos dice que si no adecuamos la edad jubilatoria, no vamos a percibir más ninguna ayuda económica para estos temas. Será un tema que se discutirá nuevamente en la Legislatura y que también nos tiene en alerta", sostuvo la gobernadora.
No obstante, insistió en que el tema más "preocupante" de los anunciados por Dujovne es el vinculado con la industria, y vaticinó que aun cuando se modificara el proyecto, igual habría un daño a la actividad productiva.
"Por más que podamos corregir la medida, creo que el daño ya está hecho, porque quién va a querer invertir en una provincia donde se amenaza con un cambio brusco de estas características. Creemos que esta decisión van en contra de las políticas de inversión y de generación de empleo, y la búsqueda de desarrollo económico promovida por el Gobierno Nacional", analizó la mandataria.
Incluso dijo que si se produjera una modificación impositiva, ello podría acarrear "una catarata de juicios de parte de quienes invirtieron pensando en un status quo que debía mantenerse al menos hasta 2023". "En definitiva, todo esto nos pone al borde de conflictos sociales y nos deja sin alternativas para enfrentar un seguro desfinanciamiento que hasta pone en riesgo la sustentabilidad de la propia provincia; como sea, no vamos a bajar los brazos; si el Gobierno Nacional cree que porque no gané una elección voy a bajar los brazos, es porque no me conocen", concluyó.