El acuerdo anunciado entre el Gobierno nacional y el FMI será completado en las próximas semanas con el detalle de los aspectos técnicos de las políticas financieras, fiscales y monetarias, de acuerdo con lo adelantado por el ministro de Economía, Martín Guzmán, y el propio organismo multilateral de crédito.
El entendimiento que se suscribirá no será un stand by como el de 2018, sino uno de Facilidades Extendidas o "Extended Fund Facility" (EFF). La principal diferencia entre ambas modalidades es la duración más larga del EFF pero también su mayor nivel de exigencia en los requisitos, algo que no formaría parte del entendimiento alcanzado según lo señalado por Guzmán el viernes.
Respecto de la redacción definitiva, Guzmán aclaró que el trabajo de los memorandos de políticas económicas y financieras va a demandar "algunas semanas", en tanto en el Fondo se indicó que proseguirán las gestiones "en las próximas semanas para llegar a un acuerdo a nivel del personal técnico". "Como siempre es el caso, el acuerdo final sobre un acuerdo de programa estaría sujeto a la aprobación del Directorio Ejecutivo del FMI", completó el organismo.
En ese sentido, el jefe del Palacio de Hacienda puntualizó el hecho de que "no haya políticas de ajuste", en tanto el presidente Alberto Fernández precisó en su mensaje que no habrá reforma laboral ni previsional, del mismo modo que no se pondrá como requisito la privatización de empresas públicas.
La duración del acuerdo será de treinta meses, con diez revisiones trimestrales.
Del resultado de esas revisiones dependerán los desembolsos periódicos del programa, equivalentes en su totalidad a los U$S 44.500 millones que deben refinanciarse del préstamo de 2018.
"Con esos desembolsos se irán haciendo los pagos del programa que había acordado el gobierno anterior y el remanente se utilizará para ir acumulando reservas", aclaró Guzmán.
El déficit fiscal primario (ingresos totales menos gastos totales, sin incluir los servicios de la deuda) tendrá una reducción gradual, con un equivalente al 2,5% del Producto Bruto Interno en 2002, 1,9% en 2023 y 0,9% en 2024".
El financiamiento monetario, consistente en la asistencia financiera del Banco Central al Tesoro Nacional por adelantos transitorios y/o transferencia de utilidades, caerá al 1% del PBI en 2022 (fue del 3,7% en 2021 y de 7,3% en 2020), alrededor del 0,6% en 2023 y cercano a cero en 2024.
La reducción del déficit primario y de la asistencia financiera del BCRA se enmarcan en "una política fiscal que no inhiba la continuidad de la recuperación", en la que "el Estado va a poder tener un rol moderadamente expansivo con el gasto en términos reales creciendo en forma moderada".
La política cambiaria no tendrá modificaciones y "no va a haber ningún salto cambiario", manifestó Guzmán. Al respecto, entre los supuestos macroeconómicos del proyecto de ley de Presupuesto 2022 que finalmente no fue aprobado por el Congreso, la cotización del dólar para fin de año está prevista en $131,10. En ese marco, se apunta a que las reservas internacionales del Banco Central tengan a lo largo de 2022 un incremento de U$S 5.000 millones.
El FMI señaló que se convino con el gobierno que "una estrategia para reducir los subsidios a la energía de manera progresiva será fundamental para mejorar la composición del gasto público", aunque no se aportaron precisiones sobre a cuánto ascenderían esos recortes, tanto para el gas como para la electricidad, además de no incluir al transporte público. Ambas partes coincidieron en la necesidad de subir las tasas de interés a niveles reales positivos, de manera de "respaldar el financiamiento interno y fortalecer la estabilidad". En la actualidad la tasa de referencia se encuentra unos diez puntos porcentuales debajo de la inflación.
El Gobierno dice que se despeja la hoja de ruta
El Gobierno evalúa que el acuerdo alcanzado con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por la deuda de 44 mil millones de dólares tomados por la gestión de Mauricio Macri permite disipar incertidumbre y proyectar una "hoja de ruta" para que el presidente Alberto Fernández avance en el segundo tramo de gestión con foco en el crecimiento.
La reducción gradual del déficit fiscal, los avances para evitar saltos cambiarios y el entendimiento para preservar derechos laborales y previsionales fueron algunas de las claves de la negociación final destacadas en las últimas horas por funcionarios nacionales, pero también dirigentes, sindicalistas y empresarios de diferente sesgo ideológico.
"El acuerdo nos saca de la incertidumbre y nos permite seguir trabajando, tener una hoja de ruta para ocuparnos de una buena cantidad de temas que hacen a la vida de las y los argentinos. Nos permite estabilizarnos y seguir creciendo como lo venimos haciendo, pese a todos los obstáculos que tenemos", afirmó ayer a Télam la portavoz de la Presidencia, Gabriela Cerruti.
La funcionaria indicó que el Gobierno hubiera "preferido no tener que estar en esta situación" con el organismo internacional, pero insistió en recordar que el Frente de Todos (FdT) "heredó una deuda infame de 44.000 millones de dólares y tuvo que hacerse cargo" y avanzar en la búsqueda de un acuerdo. En ese sentido, en diálogo con esta agencia, advirtió que, en comparación a anteriores acuerdos entre la Argentina y el FMI, el entendimiento anunciado el viernes "no compromete" la soberanía del país. "Este es un buen acuerdo que no compromete nuestra soberanía. Durante cuatro años no vamos a tener que hacer desembolsos lo que nos permite recuperar el PBI", fundamentó. Esta es una de las claves del acuerdo ya que recién el próximo gobierno debe empezar a pagar.
Otro capítulo en 70 años de tortuosa relación
Argentina sumó el viernes, tras anunciar que llegó a un acuerdo con el FMI para refinanciar un millonario crédito otorgado en 2018, un nuevo capítulo en su conflictiva historia con el organismo, que comenzó a finales de los años 50 del siglo pasado, cuando el país recibió su primer préstamo.
Pero este es sólo el último de los muchos acuerdos desde que Argentina se incorporó al organismo multilateral de crédito en 1956, durante el régimen militar que derrocó a Juan Domingo Perón.
Según un estudio de la economista e investigadora Noemí Brenta, desde su adhesión al FMI hasta 2021, Argentina firmó 21 acuerdos de "condicionalidad fuerte" que conllevan medidas que los gobiernos se comprometen a adoptar en el marco de un programa de ajuste y tomó también otros tipos de financiamiento.
Fue en abril de 1957 cuando el FMI realizó su primer préstamo a Argentina, por 75 millones de dólares, durante el Gobierno de facto de Pedro Eugenio Aramburu (1955-1958).
Desde entonces, Ejecutivos de todo tipo de tendencias, democráticos o de facto, recurrieron al organismo ya sea para encarar recurrentes crisis o para sostener sus programas económicos.
Según datos del Museo de la Deuda Externa de Argentina, al finalizar la última dictadura cívico militar (1976-1983), la deuda había aumentado un 449% de 8,2 mil millones en 1976 a 45 mil millones en 1982: una pesada herencia que recibiría el primer presidente de la actual democracia, Raúl Alfonsín (1983-1989).
En la década de 1990, durante el Gobierno de Carlos Menem (1989-1999), caracterizado por su política de apertura económica y privatización de empresas públicas, el papel del FMI fue clave para mantener la convertibilidad entre el peso y el dólar. Y la bola de la deuda externa siguió creciendo.
Una situación que estalló durante el mandato de Fernando de la Rúa (1999-2001), cuando se acordó un "blindaje" a cambio de un fuerte ajuste fiscal. Sin embargo, el FMI acabó suspendiendo el desembolso de fondos por no cumplir las metas, lo que fue el principio del fin en medio del caos: el 20 de diciembre, en medio de la peor crisis política, social y económica de la historia argentina, el presidente presentaba su renuncia.
Según recalca Brenta, hasta 2006, cuando Néstor Kirchner decidió cancelar en un solo pago toda la deuda con el FMI por un total de 9.500 millones de dólares, sólo durante nueve años -con gobiernos de diferentes colores- el país no estuvo bajo acuerdos con el organismo.
Durante los gobiernos de Néstor y los dos de su esposa, Cristina Kirchner, Argentina dejó de someterse a las revisiones anuales económicas por parte del FMI, pero en 2016, tras la llegada de Macri al poder, la relación con el FMI volvió.
Fue en 2018 cuando el país adquirió el mayor préstamo que el organismo ha otorgado en su historia. El mismo que ahora, aunque con mayores facilidades, sigue trayendo quebraderos de cabeza a un país que lleva décadas sumergido en un bucle con sus problemas de deuda.
El corralito, lo peor
La relación de crisis y ajustes con el FMI sumada a la también historia de impagos a los acreedores de deuda privados ha dejado capítulos tan tortuosos como la grave crisis del "corralito" de 2001, cuando el país declaró el mayor cese de pagos de su deuda externa: U$S 102.000 millones.