El juicio contra la militante kirchnerista Milagro Sala por el escrache ocurrido el 16 de octubre de 2009 contra el entonces senador Gerardo Morales llegó a instancias decisivas anoche, cuando al cierre de esta edición, faltaba cerrar sólo el alegato de la defensa para que el tribunal diera a conocer la sentencia para la líder de la Tupac Amaru.
La audiencia, que inició a las 14.30, estuvo cruzada por un clima de tensión ya que la Policía y manifestantes afines a la imputada protagonizaron incidentes en las afueras del Juzgado Federal de Jujuy.
Los representantes del Ministerio Público Fiscal de Jujuy solicitaron la pena de tres años de prisión condicional para la dirigente social encarcelada, en tanto que los abogados querellantes solicitaron la pena de 8 años.
El abogado querellante Eduardo Vergara inició a las 19.30 los alegatos en la causa con una extensa exposición en la que resaltó que se trató de ‘un ataque planeado, organizado, sumamente salvaje, violento y virulento contra todas las personas que se encontraban en el Consejo Profesional de Ciencias Económicas‘ ese día. Vergara solicitó una pena de ocho años por ‘daños agravados y amenazas coactivas‘.
Luego de la querella, la fiscalía expresó su alegato y solicitó una pena de tres años de prisión condicional.
Anoche, pasadas las 22.30, la defensa de Sala ahondaba en una serie de argumentos para lograr zafar de la condena. Tras este alegato se esperaba la sentencia aunque no se descartaba que el tribunal aplazara su veredicto para hoy o para la semana que viene.
Previamente, el Tribunal Oral Federal de Jujuy que preside Mario Juárez escuchó la declaración de tres testigos que no se habían presentado en audiencias previas.
Entre los testimonios, uno de ellos complicó la situación de la dirigente, informó El Tribuno. René Arellano, un exintegrante de la Tupac Amaru, contó que estuvo presente en la reunión en la que Sala organizó el escrache y afirmó que la dirigente puso un arma sobre la mesa en la que estaba Héctor ‘Freddy‘ Morales, hermano del actual gobernador, y amenazó con ‘resolver las cosas de otra manera‘.
Horas antes, se conoció que la situación de la dirigente social jujeña será revisada por la Corte Suprema de Justicia luego de un fallo de la Cámara Federal de Casación Penal, que ayer dictaminó que el caso entraña un ‘posible riesgo‘ de colocar al Estado nacional en una situación de ilegalidad internacional.