Con senadores. El bloque de senadores del Frente para la Victoria-Partido Justicialista, en una reunión con los familiares de las víctimas del submarino.

 

La Policía Federal allanó ayer en la ciudad de Buenos Aires oficinas del Edificio Libertad, sede principal de la Armada, y de una empresa en el marco de una causa en la que se investigan posibles irregularidades en la contratación de los proveedores que participaron de la reparación del ARA San Juan, el submarino desaparecido hace 34 días con 44 tripulantes a bordo.

El allanamiento fue ordenado por el juez federal Sergio Torres en el marco de una causa abierta tras una denuncia presentada el viernes último por la diputada oficialista Elisa Carrió contra exministros de Defensa de la gestión kirchnerista por “asociación ilícita”.

El allanamiento fue realizado por la división de la Policía Federal que investiga delitos vinculados al lavado de activos, e incluyó a la empresa Ferrostaal Argentina, ubicada en Lima al 300 en el centro porteño.

Los procedimientos se realizaron en busca de documentación vinculada con las contrataciones de las empresas que se encargaron de la reparación de la flota de mar y submarinos, en distintos casos, además del ARA San Juan, tal como había denunciado Carrió.

En su denuncia, la diputada y cofundadora de Cambiemos sostuvo que tenía información “para sostener no sólo que esas contrataciones no se ajustaron al procedimiento administrativo reglado, sino que además el personal militar a cargo de las mismas posiblemente haya incurrido en conductas ilícitas”, entre 2005 y 2015.

La diputada nacional sostuvo que las contrataciones se habrían realizado a través de procesos irregulares destinados a beneficiar a las empresas Hawker GMBH y Ferrostaal AG.

Los acusados son los exministros de Defensa Nilda Garré (2005-2010), Arturo Puricelli (2010-2013) y Agustín Rossi (2013-2015); y el exjefe de Gabinete de Asesores de la cartera de Defensa, Raúl Garré.

Carrió les endilgó los presuntos delitos “asociación ilícita”, “defraudación contra la administración pública”, “cohecho”, “malversación de caudales públicos”, “violación de los deberes de funcionario público” y “abuso de autoridad”. En el escrito, impulsado por la fiscal Alejandra Mangano, Carrió también le solicitó a la Justicia que se investigue la conducta de las autoridades y representantes del Complejo Industrial y Naval Argentino (Cinar), formado por la integración de los astilleros Tandanor y Almirante Storni -ex Domecq García-, y por las entonces autoridades de la Armada Argentina.

El submarino de la Armada ARA San Juan desapareció el pasado 15 de noviembre con 44 tripulantes a bordo en el océano Atlántico Sur por causas todavía desconocidas. Actualmente, diversos buques de varios países siguen buscando, a unos 400 kilómetros de la costa argentina, el submarino militar.

Esta área fue delimitada en torno a una zona del océano en la que varias agencias internacionales registraron que había habido una explosión horas después de desaparecer el buque, cerca de donde se perdió su pista.

En tanto, la Cámara de Diputados aprobó un proyecto que crea una comisión investigadora bicameral para investigar los motivos de la desaparición del submarino ARA San Juan, que en 360 días deberá presentar un informe final con las conclusiones de su tarea. Agencias

 

Nombramiento oficial
 

El Gobierno oficializó ayer el nombramiento del vicealmirante José Luis Villán como nuevo jefe del Estado Mayor de la Armada Argentina. El nombramiento se oficializó a través de una resolución publicada ayer en el Boletín Oficial. En paralelo, la Armada informó ayer que “continúa la búsqueda del submarino”.