La comisión de Justicia y Asuntos Penales del Senado emitió ayer un dictamen que devolverá a la Cámara de Diputados con modificaciones el proyecto para castigar la responsabilidad de las personas jurídicas en hechos de corrupción contra la administración pública y cohecho trasnacional.
El miércoles la iniciativa será tratada en el recinto y, tras su aprobación, se espera que Diputados acepte los cambios y sea convertida en ley. Hasta último momento oficialismo y oposición estuvieron puliendo el texto que salió con desprolijidades de Diputados y, en una ronda de consultas fue cuestionada por empresarios. El senador Ernesto Martínez destacó en la reunión de la comisión que el texto al que se llegó "va en provecho de lo posible". Indicó que en el artículo 1 "se acotan los delitos para las personas jurídicas de capital privado, con o sin participación estatal", los cuales serán el cohecho, tráfico de influencias, enriquecimientos ilícito de funcionarios y empleados y ocultamiento de beneficios ilícitos en balances. Es uno de los cambios fundamentales a la sanción de Diputados, que había ampliado la responsabilidad de las personas jurídicas a todos los delitos del Código Penal. Se quitó la "imprescriptibilidad" para delitos contra la administración pública, con lo cual los asimilaba a los delitos de "lesa humanidad". Finalmente el despacho de la comisión del Senado fijó un plazo de prescripción de seis años.