La Comisión de Juicio Político de Diputados rechazó ayer por la tarde todos los pedidos de juicio político presentados por bloques de la oposición contra el vicepresidente Amado Boudou, tras la decisión del juez Ariel Lijo de procesarlo en la causa Ciccone.
Con el voto de los 17 diputados del Frente para la Victoria (FpV) que integran la comisión -sobre un total de 31 miembros-, el cuerpo rechazó todos los pedidos de enjuiciamiento tras la lectura de un informe leído por la presidenta de ese cuerpo asesor, Adela Segarra.
La decisión se adoptó en una reunión plenaria de la comisión que sesionó en una abarrotada sala del edificio Anexo, y que tuvo un clima áspero donde no faltaron las acusaciones entre el oficialismo y la oposición. Ahora el dictamen del oficialismo promoviendo el rechazo ‘in limine‘ (al comienzo y sin tratamiento) de los pedidos de juicio político y su envío al archivo, impiden que por los mismos motivos la oposición pueda promover este año nuevos pedidos de enjuiciamiento, sino que debe presentar nuevas causales de ‘mal desempeño‘.
Los pedidos de juicio político fueron realizados por los diputados del Pro, Patricia Bullrich y Pablo Tonelli; de la Coalición Cívica, Fernando Sánchez; del FAP, Margarita Stolbizer; de la UCR, Manuel Garrido; del Frente Renovador, Adrián Pérez, y por Graciela Ocaña, quien ahora es legisladora porteña.
La reunión se inició con un informe redactado por la presidenta de la Comisión Adela Segarra, quien argumentó que la causa Ciccone ‘se está tramitando‘ aún en la Justicia y que todavía ‘no hay sentencia‘ alguna contra el vice. Se señaló que un juicio político ‘implicaría una presión al Poder Judicial y al magistrado‘ y ‘se alteraría la división de poderes‘.
‘No existen argumentos que puedan ser objetos de las causales de juicio político, con lo cual si se abriera este procedimiento sería oportunismo que generaría presión‘ a la Justicia, subraya el escrito. Rechazaron esos argumentos los diputados de la oposición Adrian Pérez y Elisa Carrió, quien dijo a los oficialistas que estaban cometiendo ‘encubrimiento de delitos penales‘.
Cuando se realizó la votación, tanto Carrió como Claudio Lozano anunciaron que presentarán dictámenes de minoría y lo mismo harán el PRO, la UCR y el Frente Renovador. Boudou está acusado de haber aceptado, presuntamente, el 70 por ciento de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica en 2010, cuando era ministro de Economía, a cambio de ayudar a la empresa a levantar un pedido de quiebra por deudas impositivas. Según el juez, Boudou habría actuado junto a José María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, y a Alejandro Vandenbroele, de la firma The Old Fund, empresa que se quedó con la imprenta. Fuentes: Agencias