La presidenta Cristina Fernández evaluaba anoche en la Casa de Gobierno las acciones a seguir por el conflicto desatado con Hugo Moyano y la posibilidad de enfrentar la semana próxima el primer paro de la CGT con movilización a Plaza de Mayo en su contra. Para la Casa Rosada la situación generada es una ‘puja política‘ con connotaciones ‘desestabilizantes‘. Para Moyano es un desafío a su poder. Así las cosas, sólo un buen movimiento de cintura por ambas partes puede destrabar la delicada situación generada y evitar la demostración del gremialismo opositor convocado para el miércoles.

Por el momento, la Presidencia no difundió ninguna comunicación oficial sobre los pasos que se darán a pesar del incesante desfile de funcionarios por el despacho de la jefa del Estado.

La embestida del sindicalista fue respondida con la medida que el kirchnerismo siempre criticó: la judicialización de la protesta. En efecto, la Casa Rosada presentó una denuncia penal contra los Moyano, padre e hijo, por los delitos de ‘amenazas, coacción agravada y entorpecimiento de los servicios públicos‘. Asimismo, impuso una multa al gremio por no acatar la conciliación obligatoria, al tiempo que amenazó al sector empresario con aplicar la ley de abastecimiento y los demandarlos en la Justicia por no garantizar la distribución de combustible. Sin embargo, pese a las versiones que el oficialismo manejó durante las últimas horas, nunca avanzó en el quite de la personería al sindicato que conduce el titular de la CGT. El conflicto está planteado. Cristina Fernández no puede pasar por alto las palabras del camionero que comparó su gestión con la ‘dictadura militar‘ y la calificó de ‘soberbia‘. La jefa del Estado, que el miércoles por la noche retornó de urgencia desde Brasil para atender en forma directa el conflicto, no hizo ninguna manifestación al respecto. Dejó el tema en manos de sus ministros y permaneció en Olivos hasta bien entrada esta tarde cuando llegó a la Casa de Gobierno.

La embestida del camionero y sus aliados terminó por confirmar el análisis de los más duros del kirchnerismo. En efecto, el Gobierno entendió que la puja de Moyano nunca fue gremial, lo consideró un ‘complot político‘ con ‘derivaciones desestabilizantes‘, según confesó a DyN un funcionario, y aprovechó para colocar en el casillero de los rebeldes al nuevo adversario de la Casa Rosada: el gobernador bonaerense Daniel Scioli.