La Cámara de Diputados aprobó ayer y giró en revisión al Senado el proyecto de ley que contempla la posibilidad de llevar adelante asociaciones público-privada para realizar obras de infraestructura.
Esta iniciativa es considerada prioritaria por el Gobierno nacional, debido a que permitirá la concreción de contratos públicos-privados para atraer inversiones en obras de infraestructura y que podría constituir un fuerte incentivo para empresas internacionales.
El proyecto, aprobado en general con 151 votos positivos, 79 en contra y 6 abstenciones que correspondieron a los diputados sindicales Héctor Daer y Facundo Moyano (ambos por el Frente Renovador), el moyanista Omar Plaini, los sanjuaninos Sandra Castro y Héctor Tomas (FPV) y Jorge Taboada (Chubut somos todos).
El proyecto fue debatido en el tramo inicial de una maratónica sesión comenzada al mediodía, en la que el oficialismo buscaba anoche, al cierre de esta edición, sancionar además la reforma de la Ley de Administración Financiera que limita los superpoderes para reasignar partidas presupuestarias y el Presupuesto 2017. Esta votación se esperaba para la madrugada.
Se trata de una iniciativa que habilita la asociación público-privada para atraer inversiones en obras de infraestructura muy costosas, como acueductos, el sistema de frenos automáticos a todos los trenes, reparación de redes viales y de rutas en todo el país, entre ellas la ruta 40 en San Juan.
El debate de esta iniciativa había fracasado la semana pasada, debido a la falta de acuerdo con el massismo y el bloque Justicialista, que bloquearon su tratamiento, lo que obligó al oficialismo a volver a discutirlo en comisión y aceptar nuevos cambios al proyecto, principalmente en torno a elevar la participación de empresas y pymes nacionales en un 33% para asegurar y potenciar la generación de empleo.
De este modo, la iniciativa -que ya había recibido media sanción del Senado- deberá volver a la Cámara alta debido a los cambios introducidos al texto por Diputados.
Las modificaciones incluidas fueron propuestas por el massismo, el Bloque Justicialista, organizaciones pymes y la CGT, y apuntaron principalmente a la participación de empresas y pymes nacionales en un 33% para asegurar y potenciar la generación de empleo. Es decir, se aplicará la ley de Compre Nacional en las contrataciones PPP como así también “la obligación de que en la provisión de bienes y servicios al menos el 33% debe ser nacional”.
Al abrir el debate, el diputado del PRO Daniel Lipovetzky, presidente de la comisión de Legislación General de la Cámara baja, aseguró que el proyecto ‘es una contribución a resolver los problemas de infraestructura que tiene nuestro país‘ y puso de relieve que en 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner aplicó algo similar a través de un decreto.
Por último, el legislador del PRO Eduardo Amadeo, al cerrar el debate, sostuvo que ‘los diputados que no están de acuerdo con este proyecto van a poder volver a sus provincias y decir con orgullo las obras que se pudieron concretar‘, entre las que mencionó iniciativas como El Salado tramo 4, Colonia Josefa, en Río Negro, El Bolsón, La Pampa, que son ‘obras de riego que van a poder anunciar en sus provincias aunque se hayan opuesto‘.
Sin freno para la suba de las dietas legislativas
En el inicio de la sesión de Diputados, la izquierda arremetió contra el aumento de las dietas de los legisladores. Myriam Bregman emprendió contra el aumento “por arriba del 47%” dispuesto para ambas cámaras.
Más adelante, Néstor Pitrola (Frente de Izquierda y de los Trabajadores) pidió una moción de orden para votar de manera nominal el proyecto para anular las resoluciones que establecieron el aumento de las dietas.
A continuación la moción a favor del tratamiento del tema fue rechazado. La votación terminó con 104 votos a favor y 112 en contra de la moción.
Los diputados nacionales por San Juan que estuvieron de acuerdo en rever el aumento planteado y no aprobar esa suba fueron: José Luis Gioja (Frente para la Victoria-Partido Justicialista), Daniel Tomas (Frente para la Victoria-Partido Justicialista), Daniela Castro (Frente para la Victoria-Partido Justicialista), Graciela Caselles (Partido Bloquista) y Florencia Peñaloza (Compromiso con San Juan). Eduardo Cáceres (de la oficialista Unión PRO) estuvo en contra. La diputada nacional por Mendoza, Susana Balbo, había dicho que los legisladores nacionales no ganan casi $150 mil sino que, en su caso, cobra 106 mil pesos, de los que le quedan apenas $86 mil.