El juez Claudio Bonadio procesó ayer como supuestos jefes de una asociación ilícita a Claudio y Mario Cirigliano y por presunto “abuso de poder e incumplimiento de deberes de funcionario público” a los exsecretarios de Transporte, Juan Pablo Schiavi y Ricardo Jaime, en la causa por la tragedia del tren de Once de febrero pasado, donde 51 personas murieron y 700 resultaron heridas.

En el mismo fallo, el juez sobreseyó al maquinista, Marcos Córdoba, porque “se le había encomendado a un joven con dos años de experiencia, la vida y la seguridad de 2.500 personas y se le había dado una herramienta vieja”. Bonadio dictó las prisiones preventivas de los hermanos Cirigliano y otros cinco procesados, pero todos seguirán libres porque en algunos casos ya habían sido excarcelados por la Cámara Federal porteña y ese beneficio fue mantenido, mientras que en los otros casos se les dio 24 horas para el pago de fianzas.

Cuatro de los siete procesados con preventiva, Claudio Cirigliano, Carlo Ferrari, Claudio Tempone y Carlos Lluch, ya habían estado detenidos en el caso por supuesta ocultación de documentación y fueron excarcelados. En cambio, Mario Cirigliano, Jorge Alvarez y Marcelo Calderón deben depositar una caución de 5 millones de pesos antes del lunes.

A Jaime y Schiavi les fijó un embargo de un millón de pesos al procesarlos sin prisión preventiva por ‘abuso de autoridad e incumplimiento de deberes‘ por su supuesta omisión de controlar a la ex concesionaria TBA y el uso que daba a los subsidios girados desde el Estado Nacional.

Lo mismo resolvió para con el ex subsecretario de Transporte Ferroviario Antonio Luna, el ex titular de la CNRT Pedro Ochoa Romero, Pedro Rainieri y Francisco Pafumi. Paralelamente estableció un embargo colectivo de 600 millones de pesos por sobre los bienes y dinero de todos.

En cuanto a los responsables de la exconcesionaria los procesó por los delitos de “descarrilamiento de un tren, agravado por resultar personas fallecidas y lesionadas, asociación ilícita y defraudación a la administración pública”, con distintos grados de culpa. A los hermanos Cirigliano y Marcelo Calderón los ubicó como jefes de la asociación y les dictó prisión preventiva al igual que al expresidente de TBA, Carlo Ferrari, al abogado Carlos Lluch y al gerente Sergio Tempone, a quienes responsabilizó como “organizadores”. Por el mismo delito y sin prisión preventiva procesó, como miembros de la organización ilícita, al vice de TBA, Jorge de los Reyes; al vice de Cometrans, Oscar Gariboglio, y a los directores Victor Astrella, Daniel Rubio, Carlos Pont Vergez, Alejandro Lopardo y Guillermo D’Abeningno.