Finalmente se dio el peor escenario. El expresidente francés Nicolas Sarkozy fue trasladado ayer ante los jueces tras unas 15 horas de declaración en las que la Policía judicial lo interrogó en calidad de detenido en el marco de una investigación por presunto tráfico de influencias y violación de secreto de instrucción.
El exmandatario había llegado a primera hora de la mañana, en un coche con los cristales oscurecidos y acompañado por la policía, a los locales de la policía judicial en Nanterre, a las afueras de París. Tras pasar el día explicándose ante la policía, ahora serán los jueces quienes decidan si existen elementos suficientes para imputar alguno de esos delitos al político conservador, primer expresidente del país galo sometido a una declaración en calidad de detenido.
El político conservador y jefe del Estado francés entre 2007 y 2012 presta testimonio con acceso a asistencia letrada -a la que ha renunciado- por presunto tráfico de influencias y violación del secreto de instrucción de otros casos abiertos contra él.
Sarkozy, abogado de profesión, puede permanecer hasta 48 horas bajo la jurisdicción de la policía judicial, plazo en el que puede ser declarado imputado por alguno de los citados delitos, colocado como simple testigo o con estatuto de ‘testigo asistido‘, una figura jurídica que se sitúa entre las dos anteriores.
La Justicia quiere determinar si el exjefe de Estado y su entorno crearon una red de informadores que los mantenía al tanto de la evolución de los procesos judiciales que amenazan al político, como la presunta financiación ilegal de su campaña presidencial por parte del depuesto dictador libio Muamar Kadafi.
También se investiga si el político conservador recibió financiación ilegal para su campaña presidencial de parte de la multimillonaria heredera del grupo de cosméticos L’Oréal, Liliane Bettencourt.
La decisión judicial es particularmente delicada porque los allegados de Sarkozy y el propio expresidente han ido preparando el terreno de su regreso a la política con las elecciones de 2017 a la vista. De ser declarado culpable al final del proceso, se enfrentaría a una pena máxima de cinco años de cárcel y a una multa de medio millón de euros.
Thierry Herzog, abogado del expresidente francés Nicolas Sarkozy, y un alto magistrado del Tribunal de Casación, Gilbert Azibert, han sido imputados ayer por tráfico de influencias en el caso que afecta también al político conservador. Fuente: EFE