El Senado aprobó y convirtió ayer por la tarde en ley un proyecto que sanciona a los empresarios responsables de la explotación de trabajo infantil hasta los 16 años, con penas que van de uno a cuatro años de prisión.
La Cámara Alta sancionó la norma tras obtener el respaldo unánime de 63 senadores, sin oposición y abstenciones de la totalidad de los bloques que contó con la presencia del ministro de Trabajo, Carlos Tomada.
El proyecto modifica el Código Penal al agregar el artículo 148 bis, que establece que será reprimido con prisión “de uno a cuatro años” al que “aprovechare económicamente” el trabajo de un “niño o niña en violación de las normas nacionales que prohíben el trabajo infantil, siempre que el hecho no importare un delito más grave”.
No obstante, la norma exceptúa de la penalización “las tareas que tuvieren fines pedagógicos o de capacitación exclusivamente”, en referencia a los trabajos que, por ejemplo, se realizan en talleres de escuelas técnicas.
El último párrafo de la Ley también advierte que “no será punible el padre, madre, tutor o guardador” del menor que “incurriere en la conducta descripta”. La norma fue debatida en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales, pero no en la de Trabajo. El radicalismo, en el debate en particular en el recinto de sesiones, también destacó su oposición con uno de los párrafos de la ley, al criticar que no se contempla la legislación laboral para penalizar el trabajo infantil.