"Pasaron un montón de cosas", dijo hoy jueves el viceministro de Economía, Fernando Morra, sobre 2020, reflexionando sobre la pandemia y la inflación. Pese al congelamiento de precios y tarifas, y la fuerte recesión, el funcionario celebró la baja inflacionaria de 17 puntos frente a un auditorio de empresarios de la alimentación a los que les pedía confianza para evitar remarcaciones extremas de precios en un año que estará signado por la contienda electoral.
Morra, como su jefe Martín Guzmán, afirmó que la suba generalizada es un fenómeno macroeconómico y multicausal, pero priorizó su explicación haciendo foco en las "inestabilidades y desbalances", en los déficits estructurales que fueron financiados con emisión monetaria o con deuda externa, y en la adaptación de los agentes económicos -individuos y empresas- a contextos de alta volatilidad. Tal como había afirmado minutos antes el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, estimó que "no es cuestión de buscar culpables".
En un encuentro con ejecutivos de empresas de alimentos, el Gobierno admitió las dificultades que padecen, principalmente el aumento de los insumos por sobre los precios (lo que impacta en su rentabilidad y subsistencia), pero les volvió a pedir confianza y compromiso con el objetivo de "coordinar" expectativas en base al presupuesto 2021, que prevé una inflación de 29% (los privados estiman una inflación para este año superior al 45%). Unas semanas atrás, el propio Guzmán había anticipado en una presentación -como lo hizo Morra hoy- que se buscarían atrasar el tipo de cambio y las tarifas de los servicios públicos, aunque esto último quedó en duda por las divergencias existentes entre el ministro de Economía y la vicepresidenta Cristina Kirchner.
Las empresas estimaron que mantener el diálogo sobre lo que pasa en la cadena es positivo, pero se fueron con sabor a poco, sin medida concretas. "Pusimos el hombro en la pandemia; no faltan productos, pero vendemos a pérdida. Parecen reuniones para ganar tiempo", dijo un empresario que alegó que no puede aumentar precios desde octubre pasado.
La reunión en el Ministerio de Desarrollo Productivo de esta tarde con cámaras y empresas del sector alimenticio, al que asistieron además algunos gremios, terminó con la intención -por lo menos oficial- de trabajar en mesas más pequeñas dentro de la cadena sobre cinco ejes: insumos alimenticios, en línea con lo que ya se viene trabajando en las mesas de trigo y maíz; insumos no alimenticios e industriales, tanto del agro como los de la industria alimenticia; costos de logística; funcionamiento del programa Precios Máximos y productividad en base a las negociaciones paritarias que comenzarán a negociarse este año.
Según supo LA NACION, hablaron Kulfas, Claudio Moroni (Trabajo), Cecilia Todesca (jefatura de Gabinete), Morra y Luis Basterra (Agricultura). Al encuentro asistieron además Mercedes Marco del Pont (AFIP), Miguel Pesce (BCRA) y Paula Español (Comercio Interior).
Kulfas señaló que el movimiento de los precios de los alimentos "no ha sido homogéneo" (en esa cartera afirman que los frescos subieron más que aquellos en góndola). Luego habló de los aumentos de los insumos en el año y reconoció subas mayores en los costos frente a los valores finales, una queja que había hecho pública Copal (alimenticias) antes de la reunión.
"Mientras que solo fueron autorizados aumentos promediando entre 4 y 10,8%, el incremento acumulado de los costos que soportaron las empresas el año pasado, en muchos casos dolarizados, fue de un 35% en logística; entre un 45% y hasta 250% en materias primas; un 40% por la depreciación del tipo de cambio oficial mayorista y alrededor de un 20% por costos Covid", dijo la industria en un comunicado. Y agregó: "también es importante destacar que en materia salarial el promedio de incrementos ha sido de entre 36 y 44%, porcentaje que supera entre 30 y 40 puntos los incrementos de precios autorizados a la industria".
Cerca del ministro estimaron que buscan establecer con las empresas "compromisos cruzados", donde cada sector haga su aporte y entre todos converjan hacia los objetivos macroeconómicos. "En 2020 hubo insumos que aumentaron por encima de los precios finales. Este año debemos armonizar esto para que se dé en sentido inverso", reconocieron, pese a que el programa Precios Máximos sigue vigente con un lento "desenlistado" de productos. La semana pasada, el Gobierno tensó la relación con las alimenticias al acusar a grandes empresas del sector sobre un supuesto "desabastecimiento" de varios de sus productos.
Justamente fue Todesca quien habló de Precios Máximos y admitió los problemas que genera en las firmas. Sin embargo, para enojo de algunos de los presentes, luego justificó: "La sábana es corta. Si uno tira demasiado se rompe todo".
Cuando llegó el turno de los empresarios, uno de los que se animó a tomar la palabra fue Juan Airoldes, presidente de la Unión de Industriales Fideeros de la República Argentina (Uifra). Dijo que acepta la política de "desenlistado", pero pidió que Comercio Interior contemple subas generales también, ya que hay muchas empresas que no tienen productos premium -fáciles de sacar de Precios Máximos-, sino una variedad mayormente económica.
Moroni, en tanto, habló de productividad y llamó a modernizar los convenios colectivos. Basterra dijo que "el Gobierno busca generar previsibilidad", pese a las idas y venidas de las últimas semanas con posibles aumentos de retenciones al trigo y al maíz. Justamente, el Gobierno señaló ayer que "se detectaron aumentos en insumos, tanto en la fase primaria, como agroquímicos, como en la fase industrial. Algunos aumentos no encuentran justificativo razonable y queremos ponerlo sobre la mesa para trabajar sobre eso". Los empresarios le recordaron a Basterra que intervenir el trigo terminó tiempo atrás con precios más caros.