Los tres proyectos de ley que integran la reforma judicial y fueron enviados por el Poder Ejecutivo a Diputados, consiguieron ayer por la tarde dictamen de mayoría de las comisiones que los estudiaron y quedaron en condiciones de ser tratados hoy en el recinto, en el marco de una sesión especial convocada por el oficialismo para el mediodía.
Se trata de la iniciativa que busca dar publicidad a las declaraciones juradas patrimoniales integrales de los funcionarios públicos; la que promueve el acceso al Poder Judicial por concursos públicos; y la que establece la difusión de las decisiones emanadas de la Corte Suprema de Justicia de la Nación y de tribunales de segunda instancia.
El dictamen de mayoría fue suscripto por los integrantes oficialistas de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Justicia, mientras que la oposición adelantó que presentará tres dictámenes de minoría -uno por cada proyecto- y que dará debate en el recinto.
Por su lado, el Senado nacional realizará hoy una sesión especial para debatir los proyectos oficiales que contemplan la ampliación y el voto popular para elegir a los miembros del Consejo de la Magistratura y la creación de tres tribunales de casación.
La sesión fue convocada para hoy a las 12. Los jefes de bloques acordaron además una segunda sesión, para mañana a las 12.30 para debatir la iniciativa que reforma el sistema de cautelares, que ayer constituyó el núcleo de los debates durante un plenario de comisiones del Senado convocados para escuchar las propuestas del Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y otras organizaciones de derechos civiles, que se expresaron contra diversos aspectos de la iniciativa.
El presidente del CELS, Horacio Verbitsky (cercano al kirchnerismo), pidió ayer que el Congreso incorpore como excepciones al proyecto oficial que limita las medidas cautelares situaciones que afectan derechos fundamentales de grupos vulnerables, de los trabajadores y de los usuarios de servicios públicos.
El secretario de Justicia, Julián Alvarez, afirmó que aceptaba que se incluya al texto “que el concepto de vida se refiere a la vida digna” y que cuando haya ejercicio de un derecho colectivo de trabajo, el Estado puede interponer una medida cautelar solo si no hay preaviso y no se cumplan servicios mínimos.
En el texto que ya recibió dictamen favorable el jueves pasado en el Senado, se incluía como excepciones los casos en los que hubiere riesgo alimentario, de salud o de daños ambientales. Verbitsky apuntó que hubo ‘una redacción apurada, imprecisa e incompleta‘ del proyecto. Alvarez había estimado que los fundamentos del documento del CELS eran ‘erróneos e imprecisos‘.