En medio de un contexto de fuertes alzas en los precios de los commodities en el mundo por la incertidumbre de los mercados frente a la guerra en Ucrania, el Gobierno nacional recurrirá a una vieja receta kirchnerista para regular las exportaciones de cobre: las retenciones móviles, aunque esta vez, será un régimen de carácter optativo. Es decir, que las empresas mineras tendrán la opción de adherir o no a este nuevo sistema. En tanto, las compañías que no adhieran mantendrán el esquema de retenciones fijas para el caso de este mineral, que concentra las miradas de los inversores extranjeros, junto con el litio, debido al rol que tiene en la transición energética.
La ventaja o el riesgo de este nuevo régimen es que el volumen de las retenciones a las exportaciones estará directamente vinculado al precio del mineral en el mercado internacional. Mientras más caro esté el valor, mayor será el monto de los derechos de exportaciones que deberán pagar las empresas, pero si baja se reduce el pago de este impuesto. En cambio, quienes opten por el sistema actual de retenciones fijas pagarán siempre el mismo porcentaje de retenciones independientemente del precio internacional del cobre. Es decir, pueden ganar como también pueden perder.
Según adelantó ayer la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, el Gobierno nacional dispuso este nuevo régimen progresivo de derechos de exportación para el cobre ‘para acompañar las variaciones de precio del mineral, lo que brindará más certidumbre a los inversores interesados en producir en el país’.
En este proceso se encuentra la mina de cobre Josemaría que ya está en la etapa previa de construcción de su proyecto en el departamento de Iglesia en la provincia de San Juan -ver recuadro-.
Ávila hizo el anuncio al participar ayer del ‘Argentina Forum Day‘, en el marco de la feria Prospectors and Developers Association of Canada (PDAC) que se desarrolla en la ciudad de Toronto, Canadá, en la que ministro de Economía, Martín Guzmán, participó ayer por la tarde en forma remota. Allí también participa del evento, en forma presencial, el gobernador de San Juan, Sergio Uñac.
La funcionaria dijo que se avanzó con la definición de ‘un régimen de Derechos de Exportación progresivo para el cobre‘ que sería publicado hoy en el Boletín Oficial y cuyos detalles estuvieron a cargo ayer del ministro Guzmán en su exposición virtual con Canadá.
La secretaria de minería señaló que se trata de un esquema que permitirá ‘a las empresas que están interesadas en producir cobre, adherirse en forma voluntaria a un régimen que va a contemplar la incertidumbre de las inversiones porque acompañaría las variaciones del precio‘.
Así, el Gobierno busca dar respuesta a uno de los planteos centrales de la industria, en principio con un régimen orientado a los proyectos de cobre, mineral que la Argentina no cuenta hoy con yacimientos en producción pero sí con una importante cantidad de iniciativas en estado avanzado de estudio.
‘Sabemos que es un tema común en la industria‘ aclaró Ávila, al reseñar las medidas que viene tomando el Gobierno nacional para alentar las inversiones del sector.
La funcionaria resaltó que ‘el mundo va a necesitar minerales que Argentina tiene, como el litio, como el cobre. También a nivel nacional hay un gran compromiso del gobierno, en apoyar y acompañar a nivel federal el desarrollo de la industria y de toda la cadena de valor agregado‘.
En el país se vienen realizando un conjunto de medidas tendientes a estos objetivos, como el proyecto de ley de electromovilidad que ya se encuentra en el Congreso, o el reciente lanzamiento de la Mesa sobre Minería abierta y el Sistema de Información Abierto a la Comunidad.
Entre 0 y 8%, nuevo rango de retenciones
Con los cambios, las mineras de cobre que adhieran al nuevo régimen de derechos de exportaciones
dejarán de tener una alícuota fija del 4,5% como tienen hoy en día, y pasará a ser de entre 0 y 8%, según el precio internacional. A partir de 2020, ya rige un esquema con la misma lógica en el sector de hidrocarburos, donde la alícuota también se mueve en el rango de entre 0 y 8%. Este año, Argentina podría volver a producir cobre después de cinco años, cuando cerró la Alumbrera. Los próximos proyectos a desarrollarse en el país serán: Josemaría en San Juan, Taca Taca en Salta, Mara en Catamarca y (con un poco más de rezago) Pachón y Filo del Sol.
Josemaría va camino a encender motores
El proyecto Josemaría se encamina a dar los primeros pasos para la construcción de la primera mina de cobre de la provincia de San Juan. En esa línea, desde el Ministerio de Minería confirmaron que la empresa Deprominsa (Desarrollo de Prospectos Mineros SA), propietaria del proyecto, tendrá este año su primera temporada de invierno. Será para acondicionar el campamento Batidero para permitir las tareas a bajas temperaturas y en condiciones adversas, como las precipitaciones.
Si bien hasta el momento no hay información oficial por parte de la compañía, fuentes oficiales estiman que la cantidad de personal trabajando en el extremo Noroeste de la provincia se incrementará un 33 por ciento, ya que perfila que pasará de 600 personas a 800. Por otro lado, se estima que habrá una inversión importante, ya que será necesario el traslado de maquinaria, no sólo para acondicionar el campamento, sino también para mantener el camino en condiciones transitables.
Las previsiones de Josemaría contemplan arrancar este año con la preparación del terreno y así, en el 2023, dar comienzo a la construcción de la mina.
El inicio no es menor, ya que, una vez comenzada, la construcción demandará 3,8 años y generará unos 4.000 puestos de trabajo. Por otro lado, la inversión necesaria se estima en 4.100 millones de dólares para un proyecto que tendrá una vida útil de 19 años, con unas 2.000 personas en la etapa de operación. En esa línea, el gobierno provincial destaca que San Juan sea el epicentro en el país para la puesta en marcha de la primera mina de cobre después de 25 años.
Deprominsa también tiene previsto desarrollar tareas en el predio que adquirió en Albardón. Se trata de un terreno de 86 hectáreas en el que estarán instaladas las oficinas principales con capacidad para entre 250 y 300 personas.