Las fuerzas de seguridad federales recibirán un ‘reconocimiento económico y financiero’ por parte del Gobierno nacional por su actuación destinada a ‘proteger la vida, el patrimonio y la libertad del pueblo argentino‘ en los episodios de saqueos y vandalismo de los últimos días.
Los detalles del anuncio los dará a conocer la semana que viene la presidenta Cristina Fernández, según lo anunciado ayer por el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich. Y se anticipó horas antes que se cerrarán los dos
conflictos con los policías que quedaban sin resolverse en Salta y La Pampa.
El reconocimiento incluirá a la Gendarmería Nacional, la Policía Federal, Prefectura Naval Argentina y Policía de Seguridad Aeroportuaria, cuyos ‘hombres y mujeres han podido acudir en requerimiento de los gobiernos provinciales, de un modo complementario, para proteger a los ciudadanos de las provincias‘, precisó Capitanich.
El Jefe de Gabinete señaló que ‘12.000 agentes fueron movilizados en los hechos que son de dominio público‘, en el marco de los conflictos policiales que derivaron en episodios de violencia y saqueos.
Capitanich señaló que los detalles de las medidas y su alcance se conocerán la semana próxima, luego de ser ‘instrumentada por la Presidenta a través del uso de las facultades constitucionales que otorga el artículo 99 de la Constitución nacional‘.
No se ha especificado si se trata de una mejora salarial o un bono lo único que se confirmó que se instrumentará por vía de un decreto. El Gobierno no quiere mostrarse negociando con los efectivos federales ya que esto podría precipitar las paritarias de otros sectores de la Administración Pública nacional.
Capitanich destacó que el rol ‘decisivo‘ de las fuerzas de seguridad nacionales ‘puede ser corroborada por los gobernadores‘ de Córdoba, José Manuel de la Sota; Tucumán, José Alperovich; Santa Fe, Antonio Bonfatti; Neuquén, Jorge Sapag; Catamarca, Lucía Corpacci, y Entre Ríos, Sergio Urribarri.
El gobernador de Chaco, en uso de licencia, volvió a responsabilizar a las provincias por las consecuencias de los saqueos, al señalar que “la seguridad pública es deber‘ de cada distrito y subrayar que la participación del gobierno nacional “es de carácter complementario”. Las fuerzas de seguridad de algunas provincias “no sólo no cumplieron con su deber de salvaguardar la vida, la libertad y el patrimonio de los argentinos sino que, además, han promovido directa e indirectamente saqueos‘, denunció. Y agregó que ‘hubo una víctima cada 36 horas‘ en las provincias durante los saqueos, al referirse al saldo provisorio de once muertos, cuando debían actuar las policías locales, pero recalcó que cuando intervinieron las fuerzas nacionales hubo ‘violencia cero‘. Por último, Capitanich llamó a jueces y fiscales a ‘actuar de oficio‘ en la investigación de esos hechos de violencia, que definió como ‘delitos de acción pública‘ ya que “aquí tiene un rol absolutamente relevante el Poder Judicial. Nadie se puede lavar las manos‘. E insistió en “identificar a los autores materiales e intelectuales” de los hechos “porque lo que ha ocurrido en esta semana no ha ocurrido en 30 años de democracia”. (Télam, DyN)