El Frente para la Victoria, que sumó los votos del senador Adolfo Rodríguez Saá y el diputado massista Raúl Pérez, consiguió nueve firmas para rechazar el Decreto 1206/16 que modifica el artículo 83 de la Ley de reparación histórica a jubilados y blanqueo de capitales al levantar la prohibición que impedía el ingreso de los padres, cónyuges e hijos de funcionarios al denominado "sinceramiento fiscal". Durante el debate del decreto, el senador Juan Pais (PJ-FPV) desestimó la versión del oficialismo que inhabilitaba a la bicameral a debatir sobre el decreto reglamentario del Presidente y argumentó que la comisión es competente porque el documento firmado por el Ejecutivo es "un subterfugio" para modificar el espíritu de la ley.
Según el legislador, el Gobierno "está reglamentando algo que modifica el espíritu de la ley" que era impedir que se sumaran al blanqueo familiares directos de los funcionarios. País dijo que "el Poder Ejecutivo claramente se excedió" y remarcó que "esto es para facilitar la inclusión de familiares" de funcionarios del Gobierno. "Creemos que claramente se altera la letra de la Ley 27.260 que fue reglamentada y después se alteró su espíritu", insistió el senador, quien sostuvo que "corresponde declarar la nulidad insanable, absoluta del decreto".
Por su parte, el senador radical Luis Naidenoff advirtió que si el decreto en cuestión "no se ajusta al trámite previsto o al espíritu" de la legislación, "debe ser dejado sin efecto por el Poder Judicial", mientras que el diputado macrista Pablo Tonelli indicó que "no es esta comisión competente para tratar el decreto". Contrariamente, Raúl Pérez afirmó: "Esta es la comisión que tiene competencia sobre lo que firma el Presidente de la Nación. Esta es una oportunidad para dejar sentada posición en contra de ese exceso del Poder Ejecutivo".
El kirchnerismo, también con las firmas de Raúl Pérez y Rodríguez Saá, tampoco avaló el Decreto 1204/16, que dejó sin efecto el régimen especial para pequeños refinadores (REFIPYME) y amplió bonos por USD 800 millones para compensaciones al sector. En el debate, Tonelli argumentó que la comisión debe dictaminar si el titular del Poder Ejecutivo dictó el decreto en el marco de "la delegación legislativa que autoriza al Presidente a dictar una medida como esta". Para Pais, el decreto presidencial "no es razonable" y ratificó que iban "a propiciar el rechazo".
Durante la sesión, la oposición también consiguió firmar un dictamen de rechazo sobre el Decreto 1250/16, que promulgó parcialmente la Ley 27.329 de Régimen Previsional Especial de carácter excepcional y optativo para ex soldados combatientes de la guerra de Malvinas al observar el artículo 3, que es el que garantizaba un haber no inferior a dos jubilaciones mínimas. "Es un veto parcial carente de argumentos, la ley establece dos jubilaciones mínimas y modifica el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA)", explicó el diputado Guillermo Carmona, uno de los impulsores de la iniciativa, quien cuestionó al Gobierno por bajar a una jubilación. Más allá del traspié político, la oposición necesita de la mayoría de ambas cámaras del Congreso para derogar los decretos, ya que la aprobación de uno solo de los cuerpos es requisito suficiente para la validez de la norma.