�El Ministerio de Justicia de la Nación dio a conocer anoche cómo será el proyecto que el Gobierno enviará al Congreso para modificar el Código Procesal Penal nacional: Investigaciones que no podrán durar más de un año, trámite de los legajos con menos formalidades, un juez que sólo se encargue de velar por los procedimientos y un juicio oral rápido y filmado, son algunos de los cambios que se proponen.
‘En caso de que se dicte la prisión preventiva existirán plazos de revisión de la medida cautelar‘ a través de un catálogo de medidas distintas al encarcelamiento para poder garantizar que el imputado esté ‘a derecho‘, y se creará una oficina dedicada al control de estas medidas‘, se aseguró, al tiempo que en audiencia se resolverá si un preso condenado egresa de la cárcel y las víctimas podrán intervenir.
‘Prevé que las investigaciones y los juicios sean orales, ágiles e inmediatos. Y adopta un modelo de justicia acusatorio: el fiscal investigue, el defensor defienda y el juez resuelva. En el código actual los jueces cumplen la doble función de investigar y resolver. Se prevé que ‘ningún proceso podrá durar más de tres años‘ y se buscará ‘agilizar la revisión de las decisiones‘.
‘Reconoce la tutela judicial de la víctima e incorpora la participación de la ciudadanía en el proceso de administración de justicia a través de jurados, que tendrán que ser regulados mediante una ley especial‘. Además, el proyecto -se señaló- ‘introduce el principio de oportunidad procesal, que habilita al Ministerio Público a desistir de la acción pública por insignificancia u otras causales‘. Así los fiscales podrán dar prioridad a la persecución de delitos más graves y para poder trabajar sobre la complejidad del crimen organizado. Las asociaciones y fundaciones podrán ser querellantes y las víctimas y los imputados tendrán más capacidad para participar en el proceso.
