El proyecto de interrupción voluntaria del embarazo (IVE) tendrá mañana su debate final en el Senado, en una sesión que al parecer se extenderá hasta el miércoles y cuyo desenlace todavía es incierto debido a la paridad que existe entre los legisladores que apoyan la iniciativa y los que la rechazan.
Esta iniciativa fue enviada por el Gobierno al Congreso junto a otra conocida como el Plan de los 1000 días, para la protección de las mujeres embarazadas y los primeros años de la infancia, que será debatida y votada en la misma sesión.
El proyecto del IVE será puesto a consideración en una sesión especial que se iniciará a las cuatro de la tarde y de la cual la mayoría de los legisladores participará de manera remota, como ocurrió desde que se declaró la pandemia de coronavirus.
De acuerdo con la decisión parlamentaria emitida por la Presidencia de la Cámara, sólo se permitirá la presencialidad a poco más de una docena de senadores en el recinto: cuatro por cada uno de los dos bloques mayoritarios (el Frente de Todos y Juntos por el Cambio) y seis por las demás bancadas.
El resto de los legisladores deberá pronunciar sus discursos a través de la plataforma Webex que viene utilizándose desde mayo y que funcionó sin mayores inconvenientes durante los meses de pandemia.
El resto del edificio permanecerá cerrado y no se permitirá el paso a personas ajenas al estricto protocolo parlamentario dentro del hemiciclo.
Tampoco se habilitarán los pasillos y la prensa que se acreditó especialmente para esta sesión, alrededor de ochenta reporteros, será ubicada en el atrio del edificio y en el Salón de las Provincias, contiguo al Salón Azul y por donde suelen ingresar las autoridades nacionales cada vez que asisten a la sede legislativa.
El proyecto impulsado por el Poder Ejecutivo y aprobado por la Cámara de Diputados, el 11 de diciembre último y con 131 votos a favor, cuenta con apoyos y rechazos en el Senado, por lo que la definición se conocerá con el transcurrir de la sesión o, tal vez, en el mismo momento de la votación.
Por ahora, los números están muy parejos, con una leve ventaja a favor de la aprobación del proyecto.
Los principales puntos del proyecto son los siguientes:
– Se consagra el derecho de mujeres y personas con otras identidades de género con capacidad de gestar a decidir la interrupción del embarazo, requerir y acceder a la atención del aborto, y recibir atención postaborto en los servicios del sistema de salud.
– La iniciativa cumple los compromisos asumidos por el Estado argentino en materia de salud pública y derechos humanos
– El aborto se permitirá hasta la semana catorce, inclusive, del proceso gestacional.
– Fuera de ese plazo solo se podrá acceder en caso de violación, o si estuviere en peligro la vida o la salud integral de la persona gestante.
– En el caso de menores de 13 años se requiere un consentimiento informado y la asistencia de, al menos, uno de sus progenitores o representante legal.
– Para adolescentes de entre 13 y 16, deberá tener un acompañante o "referente afectivo".
– Las personas mayores de 16 años tienen plena capacidad por sí para prestar su consentimiento.
– Previo a la realización del aborto se requiere el consentimiento informado de la persona gestante expresado por escrito.
– El profesional de salud que deba intervenir de manera directa en la interrupción del embarazo tiene derecho a ejercer la objeción de conciencia.
– En el caso de que una institución privada no cuente con profesionales para realizar la interrupción del embarazo deberá disponer la derivación a otra institución.
– El personal de salud debe observar un trato digno, respetando las convicciones personales y morales de la paciente.
– Se deberá mantener la privacidad y el derecho a la intimidad de las personas que recurran a las instituciones para pedir un aborto.
– En los casos de violación cuyas víctimas fueran niñas o adolescente, se deberá denunciar este delito.