El juez federal Julián Ercolini procesó ayer al técnico en informática Diego Lagomarsino, como partícipe necesario del asesinato del fiscal especial de la causa AMIA, Alberto Nisman, en un fallo en el que por primera vez un magistrado califica al caso de “homicidio simple”.
El juez determinó que Lagomarsino prestó colaboración para el homicidio ejecutado por una o más personas, entre las 20 del sábado 17 de enero de 2015 y las 10 del domingo 18 de enero de 2015, según consta en el fallo judicial.
Ercolini sostuvo que la participación de Lagomarsino estuvo principalmente vinculada a la introducción de un “arma amiga” en el departamento que Nisman habitaba en una torre del exclusivo complejo Le Parc de Puerto Madero. Lagomarsino, quien asesoraba a Nisman en temas informáticos, reconoció en más de una oportunidad ser el dueño del arma de la que salió el disparo que mató al fiscal, aunque siempre sostuvo que se la había pedido prestada. Para el juez, Lagomarsino se valió de su vínculo con Nisman, que “no era una simple conexión laboral y/o funcional”, para hacer ingresar a la que sería la escena del crimen, un “arma amiga que permitiera posteriormente una simulación de un suicidio”.
Ercolini además le trabó a Lagomarsino un embargo de 15 millones de pesos, le prohibió salir del país y, aunque no le dictó prisión preventiva, dispuso que sus desplazamientos sean controlados mediante una tobillera con GPS.
El supuesto experto en informática no podrá alejarse de su domicilio declarado por más de 24 horas, ni más de 100 km, sin autorización del juez y deberá comparecer al juzgado cada 15 días.
El magistrado también procesó a cuatro custodios de Nisman, a quienes acusó de haber cometido el delito de “incumplimiento de los deberes de funcionario público”, por desproteger al fiscal especial del caso AMIA.
“Sus incumplimientos ayudaron a la perpetración del ilícito, por cuanto ello facilitó el ingreso del arma homicida al domicilio del custodiado, franqueó el acceso de los ejecutores del hecho, permitió que estos lleven adelante su accionar sin riesgo de ser descubiertos, determinó su salida impune del lugar e impidió tomar conocimiento del hecho en forma inmediata a su producción”, sostuvo el juez sobre los custodios. A los policías federales Rubén Benitez, Luis Miño y Armando Niz, el juez los procesó también por el delito de “encubrimiento agravado”, por “tratarse de un hecho precedente a un delito grave”, y les trabó embargos de 500 mil pesos. En tanto, al custodio Néstor Durán el juez le trabó un embargo por 50 mil pesos y lo procesó sólo por “incumplimiento de los deberes de funcionario público”. A los cuatro policías, el magistrado les prohibió salir del país, y les fijó la obligación de presentarse ante el juzgado federal 10 cada 15 días, además de imponerles la prohibición de alejarse por más de 24 horas de sus respectivos domicilios sin autorización del juez.
El magistrado destacó en su fallo el informe pericial multidisciplinario elaborado por la Gendarmería nacional y presentado en el expediente este año, en el que se afirmó que “la muerte violenta de quien en vida fuera el señor Natalio Alberto Nisman, se trató de un homicidio”. Tal como había hecho antes el fiscal del caso, Eduardo Taiano, el juez Ercolini se apoyó en el informe de Gendarmería en el que se afirmó que Nisman había sido ejecutado por dos personas pero no se hizo eco del número de victimarios establecido por la pericia
Cristina, más cerca del juicio oral
La expresidenta Cristina Kirchner quedó más cerca del juicio oral por el supuesto encubrimiento de los iraníes acusados del atentado a la AMIA, luego de que el juez federal Claudio Bonadio diera por concluida la investigación en primera instancia. Bonadio le corrió vista ayer a la querellas -AMIA y DAIA, y un familiar de una víctima del atentado- para que opinen si consideran que está concluida la investigación o si resta alguna medida de prueba que pudiera aportar información trascendente. En la causa se investiga si detrás de la firma del Memorándum de Entendimiento entre Argentina e Irán, en el marco de la causa AMIA, se urdió un pacto espurio para reflotar el comercio entre ambos países y dotar de impunidad a los iraníes sobre los que pesan alertas rojas de Interpol.