El diputado nacional y exministro kirchnerista de Planificación Federal Julio De Vido fue procesado ayer por supuestas irregularidades en el otorgamiento de subsidios a empresas de colectivos y recibió un embargo de 1.000 millones de pesos, informaron fuentes judiciales. Según su abogado defensor, De Vido apelará.
La medida fue dispuesta por el juez federal Claudio Bonadio, quien también procesó a los exsecretarios de Transporte Ricardo Jaime y Juan Pablo Schiavi y a los extitulares de la Comisión Nacional de Regulación de Transportes (CNRT) Alejandro Ramos, Roque Guillermo Lapadula, Pedro Ochoa Romero y Antonio Sícaro. Sobre ellos el magistrado mandó a trabar distintos embargos, de hasta 900 millones de pesos.
En la maniobra con los micros, según la resolución, se incurrió en los delitos de ‘defraudación contra la administración pública‘ y ‘administración fraudulenta‘. Y se ‘ocasionó perjuicio a las arcas del Estado Nacional de seiscientos nueve millones trescientos veintiséis mil ciento ochenta y seis pesos, con veinticinco centavos‘.
‘Entre julio de 2003 y marzo de 2014, abusando de las facultades inherentes a los cargos que ocupaban, los nombrados participaron en una maniobra ilegal a través de la cual se entregaron a empresas de transporte público automotor de pasajeros, subsidios superiores a los que correspondían‘, consignó el juez. Los procesados ‘pusieron en funcionamiento un sistema destinado a permitir la maniobra, encubrirla, disimular su ilegalidad e intentar lograr la impunidad de los involucrados‘, añadió Bonadio. El juez estableció que ‘este sistema posibilitaba que se calcularan los subsidios en base a kilometrajes superiores a los efectivamente recorridos por los colectivos‘.
El juez dictaminó que ‘la maniobra ilegal pudo sostenerse hasta que se instalaron GPS en los colectivos, en el año 2014‘. En esta causa se investigan los subsidios que los gobiernos de los expresidentes Néstor Kirchner y Cristina Fernández entregaron a las empresas de transporte automotor para ayudarlas a afrontar los costos de combustible, a cambio de que no subieran el precio de los pasajes.
El mecanismo se ponía en marcha con una mera declaración jurada por parte de las empresas, que cuantificaba cuántos kilómetros recorría cada colectivo y el número de pasajeros. El procesamiento se suma al pedido de desafuero y posterior detención que pidió la semana pasada el fiscal Carlos Stornelli para De Vido en el marco de la causa que investiga irregularidades en las obras de la mina Río Turbio. De Vido tiene 26 imputaciones y será sometido a juicio oral por la Tragedia de Once. Además, está procesado por la compra de chatarra ferroviaria y por irregularidades en contratos de trenes.