La ex presidente Cristina Kirchner, un grupo de sus ex funcionarios encabezados por Julio De Vido y más de un centenar de los principales empresarios de la Argentina que están involucrados en la causa de los cuadernos, entre ellos el primo del presidente Mauricio Macri Angelo Calcaterra, quedaron procesados en el marco de otra de las aristas de la investigación principal.
El juez Claudio Bonadio dictó los procesamientos por la causa de la cartelización de la obra pública, un caso que busca determinar si las empresas que fueron adjudicatarias de contratos entre 2003 y 2015 integraron una asociación ilícita.
En otro fallo similar, también procesó a la ex presidente y otro grupo de empresarios por las coimas que se habrían pagado para obtener las concesiones de peajes. En esa causa, algunos de los empresarios involucrados recibieron la falta de mérito, entre ellos Gianfranco Macri, hermano del presidente.
Franco Macri, el padre del presidente, había sido llamado a declarar en esta investigación pero por su estado de salud no pudo hacerlo y falleció poco después. El fallo declaró extinguida la acción penal para el ex presidente Néstor Kirchner: sobreseido por su fallecimiento.
Cristina Kirchner ya está procesada como jefa de una banda que recaudó con los negocios del Ministerio de Planificación en los viajes que hizo para Roberto Baratta el chofer Oscar Centeno. El caso ya está por ir a juicio oral. Pero lleva adelante varias causas paralelas que nacieron o se activaron después del expediente por las anotaciones de Centeno, entre ellas una por la cartelización de la obra pública y otra por coimas que habrían pagado las compañías beneficiadas por las concesiones viales. Esos dos expedientes se originaron por los dichos de arrepentidos en la causa principal.
Por esta investigación, el juez Bonadio amplió hoy el procesamiento de Cristina Kirchner, con prisión preventiva, y dictó un embargo por $11.502.000.000. También se procesó a De Vido, al ex secretario de Obras Publicas José Lopez, el financista Ernesto Clarens y los ex funcionarios de Vialidad Nelson Periotti, Sandro Férgola, Hernán Passacantando y Germán Nivello.
De los empresarios -por pagar coimas- fueron procesados con prisión preventiva a Gerardo Ferreyra, Lázaro Báez, Cristóbal López y Fabian De Sousa (quienes ya están presos) . Sin detenciones, se procesó a Osvaldo Acosta, Carlos Wagner, Aldo Benito Roggio, Eduardo Hugo Eurnekián, Hector Javier Sánchez Caballero, Angelo Calcterra, Juan Carlos De Goycoechea y Juan Chediack. También quedaron procesados Cristóbal Nazareno López -hijo de Cristóbal- y Osvaldo De Sousa -hermano de Fabián-. La lista de la cartelización alcanza el centenar de emprearios, mientras que para otros se dictó la falta de mérito -junto a la de Cristina, De Vido y otros- por no haberse podido acreditar el pago de coimas de algunas empresas investigadas.
Esta causa, conocida como la cartelización de la obra pública, comenzó por los dichos de arrepentidos. Carlos Wagner, quien fue detenido al comienzo de la causa de los cuadernos, pidió un acuerdo con los fiscales Carlos Stornelli y Carlos Rívolo para confesar que había organizado la cartelización de la obra pública durante el kirchnerismo. Desde su rol como presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (CAC), explicó cómo armó un sistema para pagar coimas por las obras públicas que no eran sometidas a procesos de licitación sino que las propias empresas decidían los ganadores de los millonarios contratos. Involucró en ese esquema de negocios oscuros al ex ministro de Planificación Julio De Vido, quien negó la acusación.
Otro arrepentido que dio información fundamental para explicar la cartelización de la obra pública fue el financista Ernesto Clarens. Es que las coimas acordadas por los funcionarios y los empresarios se pagaban en sus oficinas. Eso lo admitió tanto Clarens como algunos otros empresarios. El financista confesó que cobró dinero en pesos, lo pasó a dólares y lo entregó a Daniel Muñoz, quien fuera secretario privado de Néstor Kirchner. Clarens -citado a indagatoria- también entregó planillas que -según dijo- le dieron en la Dirección Nacional de Vialidad y en las que constaban los ganadores de cada licitación y los porcentajes que cada empresa debía pagar de coimas.
José López, ex secretario de Obras Públicas durante los 12 años de gobierno kirchnerista, confesó haber participado de la maniobra y aseguró que le explicó en enero de 2011 la situación a la entonces presidente Cristina Kirchner. Más tarde, volvió a declarar vinculando a los empresarios.
La ex presidenta había dicho en su declaración que en esta causa se daban las mismas irregularidades de la "causa de las fotocopias", en donde "no se realizó sorteo alguno para designar al juez que debía entender en el caso y el expediente se formó con copias de las supuestas confesiones de algunos arrepentidos, a la cual se agregaron, para juntar papeles, impresiones de actos de gobierno e informes irrelevantes referidos a más de cien empresas contratistas del Estado".
"En este proceso se estarían investigando presuntos pagos ilegales efectuados por empresas vinculadas a la obra pública civil. Aquí se me acusa, una vez más, de haber liderado una supuesta asociación ilícita y tampoco se precisa cuál habría sido mi participación en los cientos de presuntos actos delictivos a los que genéricamente se hace referencia en el expediente. Todo se resume al supuesto carácter de jefe de tal imaginaria asociación, de la que no existe por cierto evidencia alguna", afirmó.
Y añadió: "En estas condiciones, como ya lo advertí, desarrollar el derecho de defensa en juicio resulta imposible, debiendo limitarme naturalmente a señalar que se trata de una nueva imputación calumniosa en mi contra"
En la causa de concesionarios viales se investigan pagos ilegales efectuados por las compañías adjudicatarias. Como arrepentido Claudio Uberti, quien dirigió el Órgano de Control de las Concesiones Viales (OCOVVI), aseguró que todos los meses recibía una suma de dinero proveniente de las firmas del sector que debía controlar. Y ese dinero -dijo Uberti- era entregado a Néstor Kirchner y en alguna ocasión al ex ministro de Planificación, Julio De Vido.
Se citó entonces a distintos empresarios que tuvieron concesiones. Por la firma Autopistas del Sol fueron convocados a declarar Franco y Gianfranco Macri, entre otros. El padre del ex presidente no concurrió debido a su estado de salud y falleció poco después. También fueron convocados los responsables del Grupo Concesionario del Oeste, Concesionaria AEC, Corredor Americano, Equimac, Coarco, Homaq, Vialco, Decavial, Corredor Americano, Podestá Construcciones, Helport, ICF Americana, Coprisa, Covico, Noroeste Construcciones, Glikstein y Cía, Supercemento, Dragados y Obras Portuarias y Caminos del Río Uruguay.
En su declaración indagatoria, la ex presidenta aseguró sobre esa causa: "Aunque parezca increíble -o ya no tanto-, el Juzgado volvió a sacar copias de supuestas confesiones de algunos arrepentidos para conformar una nueva causa, imprimió decretos y resoluciones administrativas, agregó informes insustanciales relativos a varias empresas y, sin más, ordenó mi convocatoria" a indagatoria.
Aquí también se le amplió el procesamiento a la ex presidenta, por cohecho pasivo (en seis hechos, en un rol de partícipe necesaria) y se le dispuso la preventiva y el pedido de desafuero. En esa causa el embargo alcanzó los 700 millones de pesos.
De Vido también fue procesado con preventiva como coautor de cohecho pasivo en seis oportunidades, y a Uberti le tocó el rol de "organizador". Hubo doce empresarios procesados por los seis corredores viales, mientras que dictó la alta de mérito de otros indagados: entre ellos Gianfranco Macri, Gerardo Ferreyra, Ricardo Jaime y José Lopez.