La expresidenta Cristina Fernández fue procesada ayer y embargada en 15 millones de pesos por el juez federal Claudio Bonadio, que la consideró responsable del delito de ‘administración infiel en perjuicio de la administración pública‘ por la pérdida que sufrió el Estado con la operación de venta de dólares a futuro.
Bonadio consideró ‘impensable‘ que una operación financiera ‘de tal magnitud‘ hubiera sido implementada ‘sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional‘, máxime cuando la propia entonces presidente se jactaba en público de ser quien tomaba las decisiones de la política económica.
No obstante, el juez entendió que eso ‘no lavaba las responsabilidades‘ del resto de los funcionarios, rechazó la supuesta autarquía de las entidades que intervinieron y procesó al exministro de Economía y hoy diputado del Frente para la Victoria Axel Kicillof; al extitular del Banco Central Alejandro Vanoli y a otros doce funcionarios de esa entidad y de la Comisión Nacional de Valores que llevaron adelante la maniobra que provocó ‘un perjuicio patrimonial o daño a las arcas del erario público‘.
A criterio del juez, hubo una intencionalidad de perjudicar al Estado, pero no quiso avanzar en la hipótesis del motivo. ‘Es impensable que una operación financiera de esta magnitud, en la cual en menos de 45 días hábiles se abrieron posiciones del BCRA de U$S 5.000 millones a U$S 17.000 millones, que tendría claros efectos económicos y políticos en un futuro inmediato, sea desarrollada sin la aprobación expresa del más alto nivel de decisión económico y político del Poder Ejecutivo Nacional‘, sostuvo Bonadio.
El juez trabó embargo sobre los bienes de la expresidenta y a cada uno de los procesados por 15 millones de pesos y dispuso que, tres días después de sus respectivas notificaciones, se presenten personalmente en los tribunales de Retiro, por lo que la exmandataria deberá volver a Comodoro Py 2002.
Para el cargo que se le achaca a la expresidenta el Código Penal prevé una condena de dos a seis años de cárcel. La causa por la operación de dólares a futuro se inició en octubre de 2015, apenas después de las elecciones de primera vuelta, por la denuncia de los jefes de los bloques de diputados nacionales de la UCR Mario Negri y del PRO Federico Pinedo, para que se investigara penalmente el supuesto desfalco que se estaba produciendo.
En su fallo, Bonadio describió esa operación como una ‘ruleta descompuesta‘ en la que todos los supuestos jugadores, incluido el Banco Central, sabían que el dólar se tendría que pagar mucho más caro de lo que estaba en el momento de la compra (en medio de un escenario de renovación de gobierno y de atraso cambiario).
Al investigar el caso, Bonadio llamó a una serie de testigos y expertos y escuchó con atención al hoy ministro de Finanzas y extitular del Banco Central, Alfonso Prat Gay.
Bonadio citó entonces a indagatoria a Vanoli y a miembros del directorio del Banco Central, pero el 26 de febrero sorprendió con el llamado a declarar como sospechosa a Cristina Fernández.
La líder del FPV ya había tratado de ‘juez pistolero‘ a Bonadio, cuando éste tenia en sus manos la causa Hotesur, que también complica a la exjefa de Estado. Acompañada por la militancia, CFK compareció el 13 de abril en los tribunales de Comodoro Py: presentó un escrito donde rechazaba las acusaciones, y diputados de sus filas denunciaron en simultáneo a Bonadio y al actual titular del Banco Central, Federico Sturzenegger, por haber pagado esos dólares comprados a futuro y, según su criterio, haber perjudicado al Estado. También impulsó la recusación de Bonadio, que ya fue rechazada por la Cámara Federal en lo Criminal y Correccional y que aún debe analizar la Cámara Federal de Casación Penal.
A criterio del juez, ‘durante su mandato como titular del PEN, la expresidente intervenía activamente en la política económica de su gobierno. Es más, la manejaba‘. Incluso citó palabras de la exjefa de Estado en un acto público hace un año en Retiro, donde claramente la exfuncionaria referenciaba que ‘quien tomaba las decisiones relevantes en cuestión económica‘ era ‘ella misma‘. ‘A confesión de parte, relevo de prueba‘, aseveró el juez.