Por ahora seguirá libre. No irá preso porque el delito que se le imputa ‘cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles‘, es excarcelable, por lo tanto, el juez lo procesó sin prisión preventiva. Lijo aclaró que el delito que se le imputó al Vicepresidente posee una escala penal inferior a los ocho años, motivo por el cual en este punto se lo podría eximir de prisión. A su vez, la calificación del hecho imputado posee un mínimo de un año, ‘por lo cual existe la posibilidad de que se le aplique una eventual condena de ejecución condicional’. Además, la Justicia en general, aún cuando al delito le corresponda cárcel, deja libre al imputado al menos que se corra el riesgo cierto de fuga o que su libertad entorpezca la investigación de alguna manera. Lijo también explicó que la imposición de prisión ‘no corresponde con relación a Amado Boudou por encontrarse esa medida fuera de los límites de la Ley de fueros’.

Las penas de los delitos que se le imputan. La ley Penal establece que el delito de negociaciones incompatibles con la función pública (artículo 265) ‘será reprimido con reclusión o prisión de dos a seis años e inhabilitación absoluta de tres a diez años, el funcionario público que, directamente, por persona interpuesta o por acto simulado, se interesare en cualquier contrato u operación en que intervenga por razón de su cargo’. En tanto, el delito de cohecho (artículo 256) contempla que ‘será reprimido con reclusión o prisión de uno a seis años e inhabilitación especial perpetua, el funcionario público que por sí o por persona interpuesta, recibiere dinero o cualquier otra dádiva o aceptare una promesa directa o indirecta, para hacer, retardar o dejar de hacer algo relativo a sus funciones‘.

Podrá viajar fuera del país. El magistrado consideró que todos (seis) los imputados en la causa Ciccone pueden seguir en libertad , pero el único que puede viajar al exterior sin su permiso es el Vicepresidente. Boudou podrá salir del país sin autorización del juez Lijo. De hecho el vice se encontraba en La Habana, Cuba, cuando fue procesado y tiene previstos otros viajes la semana próxima en el marco de una gira que culminará en Panamá.

Por otra parte, el juez Lijo fijó una nueva fecha para tomar indagatoria al vicepresidente para el 16 de julio, luego de un pedido del propio funcionario para ampliar su declaración.

No está obligado a renunciar. Aunque no tiene fueros parlamentarios, más allá de que sea el presidente del Senado, el Vicepresidente no está obligado por la ley a dejar su cargo tras ser procesado en la causa Ciccone, sólo podría dar un paso al costado por una decisión política o propia. El juez Lijo explicó que Boudou ‘no goza de fueros parlamentarios” y aclaró que su situación se rige por la ley de fueros -25.320-, sancionada el día 8 de septiembre.

A través de la ley de fueros se estableció que cuando se le impute un delito en un expediente penal a un legislador, funcionario o magistrado -sujeto a desafuero, remoción o juicio político-, ‘el tribunal podrá seguir investigando hasta llegar a su conclusión‘, recordó el magistrado en la resolución dictada por la que procesó a Boudou.

Remarcó que un juez tiene la obligación de culminar con el proceso y que incluso puede dictar resoluciones vinculadas con los autos de mérito en contra de los funcionarios públicos amparados, como así también disponer la clausura de la instrucción y su consecuente elevación a juicio oral y público. De allí se desprende también la ‘inmunidad de arresto de funcionarios, magistrados y legisladores‘, que consagra que no se puede alterar o restringir su libertad personal mientras el imputado continúe estando en funciones.

Pocas chances de destitución. Aunque la oposición reclama a toda voz la salida de Boudou del Gobierno, sólo se iría si renuncia o pide licencia. La tercera opción es que el Congreso le inicie un juicio político con fines de destitución, pero para este caso la oposición no tiene el peso suficiente en el Congreso. Para impulsar ese proceso, se necesitan dos tercios de los votos en un Parlamento donde el oficialismo tiene actualmente la mayoría en ambas cámaras. Y todos los analistas políticos coinciden en que ni el Gobierno ni el kirchnerismo le van a soltar la mano al Vicepresidente porque su salida por sospechas de corrupción sería un golpe político más duro que mantenerlo en el cargo, más en la antesala de un año electoral.