Movimientos populares y organizaciones sociales nucleadas en el bloque de Unidad Piquetera (UP) realizarán hoy la primera movilización contra el gobierno de Javier Milei, en un recorrido que irá desde el Congreso a la Plaza de Mayo, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA).
Será la primera prueba de aplicación del protocolo de orden público anunciado por el Ministerio de Seguridad, que conduce Patricia Bullrich.
Las agrupaciones que integran Unidad Piquetera buscarán ser recibidas por autoridades del Gobierno porteño hoy, antes de la marcha a Plaza de Mayo prevista para las 16,30.
Una delegación se acercará hasta el Ministerio de Seguridad porteño, que conduce Waldo Wolff, según adelantaron los dirigentes en una conferencia que realizaron ayer, en la Plaza del Congreso, en la que confirmaron que harán confluir dos columnas en la movilización y que desplegarán abogados en las estaciones de trenes para que se garantice a los manifestantes la posibilidad de trasladarse.
Ayer, el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, y el diputado nacional Néstor Pitrola, en representación del Servicio Paz y Justicia y el Partido Obrero, respectivamente, firmaron un recurso de hábeas corpus para que "se deje sin efecto de manera inmediata" el protocolo de orden público dispuesto por el Gobierno nacional.
Pérez Esquivel y Pitrola consideraron que la medida, contemplada por medio de la Resolución 943/2023, afecta "la libertad ambulatoria e integridad física" de los que se movilizarán hoy hacia la Plaza de Mayo al conmemorase 22 años del estallido social que derivó en 2001 en la renuncia del entonces presidente Fernando de la Rúa, tras una represión policial que terminó con el asesinato de 38 personas a manos de las fuerzas de seguridad.
"Las amenazas de Bullrich colocan al Estado y a ella en la posición de cometer un delito. Quienes incurrirán en delito no son los trabajadores desocupados, que están viendo la pulverización de su ingreso con el congelamiento de un plan social con 1% diario de inflación, sino la ministra" de Seguridad, advirtió Pitrola.
También pidieron el cese de la vigencia del protocolo más de 1.700 organizaciones sindicales y sociales, quienes plantearon ante la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos que exijan al Estado argentino el fin de las medidas.
Entre los solicitantes figuran Polo Obrero, Patria Grande y Partido Obrero. "El protocolo -indicaron las organizaciones- establece que cualquier manifestación que se realice con cortes de calles o rutas constituye la comisión de un delito en flagrancia y habilita la actuación de las fuerzas de seguridad para desalojar o dispersar la protesta".