El fiscal Gerardo Pollicita pidió que la investigación por el direccionamiento de la obra pública a favor de Lázaro Báez, sea elevada a juicio oral y público. En este expediente se acusa a Cristina Kirchner de ser “jefa de una asociación ilícita” y de haber defraudado al Estado al no velar por sus intereses y favorecer “al amigo presidencial”.
La causa es considerada el delito precedente de otras investigaciones por lavado de dinero, definidas como la instancia de “reciclaje de fondos” que pertenecían al Estado y que permitieron “enriquecer el patrimonio” de los ex presidentes.
Así, por primera vez Lázaro Báez y Cristina Kirchner estarán juntos en un juicio oral por una causa de corrupción.
En este expediente, el juez Julián Ercolini procesó a la ex Presidenta, a Julio De Vido, José López, Carlos Kirchner, Nelson Periotti (entre otros ex funcionarios) y a Lázaro Báez por asociación ilícita y defraudación al Estado, por haber favorecido al grupo Austral con 52 contratos viales por $ 46.000 millones, “plagados de irregularidades administrativas, sobreprecios y falta de controles”. Por ello, se habla de un “direccionamiento” a favor del conglomerado del empresario K.
Este circuito de contrataciones “irregulares”, según el fiscal Pollicita, permitió que el patrimonio del “amigo presidencial” creciera -entre 2004 y 2015-, un 12.127%, adquiriendo bienes por 205 millones de dólares. Pero no era la instancia final: los fondos “eran destinados al patrimonio de los ex presidentes”.
Todo se encamina hacia un gran juicio que reúna todas las causas de corrupción contra Cristina Kirchner. En este caso, el direccionamiento en la obra pública es el punto de partida de otras investigaciones.
La ex Presidenta tiene dos causas por lavado de activos, una confirmada recientemente por la Sala I de la Cámara Federal porteña y otra en instancia de indagatorias. La justicia determinó que los alquileres de inmuebles de Los Sauces SA a favor de Lázaro Báez y Cristóbal López, que eran contratistas del Estado, y la administración y alquiler de Hotesur SA en manos de Báez pagando alquileres millonarios, tiene un “delito procedente”: una instancia donde “los fondos se originaron y fueron reciclados”. Esto es, el expediente del direccionamiento de la obra pública.
Según Pollicita, en esta causa se investiga una “operatoria criminal” con la cual desde el Gobierno anterior y diversos “organismos estatales vinculados a la obra pública, se “montó una estructura funcional orientada a la sustracción de fondos públicos por medio de la asignación discrecional (casi el 80%) de las obras viales adjudicadas en Santa Cruz”, lo que representó la contratación del Estado “en favor de Lázaro Báez” por más de $ 46.000 millones”.
De esta manera, para la fiscalía, se configuró un esquema “de beneficios exclusivos” para Báez. Así, el dueño del Grupo Austral se convirtió en el “empresario de obra pública vial más beneficiado” por las “gestiones presidenciales de Néstor y Cristina Kirchner”. A los ex presidentes se los apunta como los responsables de “diseñar la maniobra” y de “erigir a su amigo personal” como contratista del Estado.