La lucha del Gobierno nacional para contener la inflación llegó a las petroleras. Decidió abrir una investigación ante la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia (CNDC) para determinar si las cinco principales empresas que operan en el mercado cobraron hasta un 30% más caro el gasoil a granel que venden a las empresas de carga y transporte público de pasajeros.

Con esta medida, el Gobierno decidió atender una denuncia por parte de las ocho cámaras de transporte de pasajeros y de carga, por presunto ‘abuso de posición dominante y cartelización’ por parte de las petroleras ‘con sobreprecios por 3.500 millones de pesos anuales’.

Las empresas denunciadas son Repsol-YPF, Shell, Esso, Petrobras Argentina y Oil, que ahora serán investigadas por Defensa de la Competencia. Así lo informaron en conferencia de prensa el vicepresidente a cargo del Poder Ejecutivo, Amado Boudou, los ministros de Planificación, Julio de Vido, y de Economía, Hernán Lorenzino, y el secretario de Transporte, Juan Pablo Schiavi.

Los funcionarios explicaron que el sobreprecio promedio detectado en todo el país es del 8,4%, pero que, en algunos casos, llega hasta el 30%, en venta a granel respecto al valor de surtidor, y advirtieron que la distorsión alcanzaría a 3.500 millones de pesos anuales.

Cuatro de las empresas denunciadas se llamaron a silencio ayer y sólo salió a desmentir al Gobierno la petrolera inglesa Shell que hasta aseguró que en algunas oportunidades ‘el valor de esa modalidad fue inferior al del combustible expedido en estaciones de servicio’.

Respecto de los precios, Schiavi indicó que en el área metropolitana el valor a granel del litro de gasoil es de 5,06 pesos, mientras que en los surtidores es de 4,30 pesos.

Los ministros defendieron la intervención del Estado en una disputa entre privados por considerar al transporte un servicio público que, en el caso puntual de pasajeros, ‘tiene subsidio estatal y que se busca el beneficio para 40 millones de argentinos y no para 5 empresas’.

De Vido advirtió que la situación denunciada representa ‘una distorsión en el mercado‘, que afecta el transporte de carga, ‘que traslada el 94% de la producción del país‘ y al transporte público. ‘No vamos a permitir, no vamos a tolerar, que grupos de poder o con actitudes monopólicas distorsionen el mercado‘, afirmó el titular de Planificación, quien sostuvo que ‘vamos a garantizar que el sistema de transporte sea sustentable‘. Apeló a la buena voluntad de las empresas para encontrar ‘una pronta solución’.

El ministro de Planificación señaló que espera tener un diálogo de buena voluntad con los directivos de Repsol-YPF. También aludió al presidente de Shell, Juan José Aranguren, de quien dijo ‘ha sido un sistemático opositor, no sólo a las medidas de política energética sino a todas las políticas y al gobierno nacional‘, y pidió por eso que las autoridades regionales de la firma colaboren en esta investigación.