Una polémica por los números de la inflación abrió ayer un nuevo capítulo tras el pedido de la Justicia a los diarios de circulación nacional de datos de los periodistas que escriben artículos sobre los índices inflacionarios. Una medida del titular del Juzgado Nacional en lo Penal Económico número 4, Alejandro Catania, que cosechó ayer el amplio repudio de los diputados de la oposición.
Según publicó ayer el diario El Cronista, el pedido se enmarca en la causa penal que inició el secretario de Comercio, Guillermo Moreno, contra los economistas Carlos Melconian y Rodolfo Santangelo de la consultora M&S, por difundir índices de precios alternativos a los del INDEC.

El Cronista reveló que el día 15 ese diario recibió un exhorto de Catania en el que le pedía “suministrar la nómina, dirección y teléfonos de contacto de los periodistas -editores, redactores, etc.- que hayan publicado en el referido diario noticias vinculadas a índices inflacionarios”, a partir de 2006.

Ante el rechazo de diputados opositores, fuentes judiciales salieron ayer a desestimar que el juez Catania hubiera emprendido una “persecución” contra los periodistas o consultoras privadas. Aclararon que el exhorto apunta a “tener una dirección de contacto a la cual citarlos, eventualmente, para declarar en la causa”.

Los diputados de los bloques opositores, consideraron que la medida constituye una “amenaza a la libertad de expresión” y hace recordar a “las listas negras de la dictadura”.
La denuncia de Moreno contra las consultoras que elaboran índices de precios alternativos al INDEC se refiere al posible delito de “agiotaje”.

Esa figura consiste en la alteración de indicadores económicos de manera artificial, en procura de causar una determinada modificación de los guarismos económicos en, por ejemplo, los bonos ajustados por CER, plazos fijos y la evaluación del riesgo empresario, explicaron las fuentes.

Si bien los periodistas cuyos datos fueron reclamados por el juzgado “no están previstos, por ahora, como testigos en la causa”, las fuentes consideraron que “difícilmente” pudieran tener un rol de “imputados” en la supuesta maniobra de agiotaje. “Para ello debería probarse que sabían que los datos eran falsos e igualmente decidieron publicarlos con la intención de causar un efecto sobre la base de información maliciosa”, añadieron.
El juez también pidió informes al FMI y a otros organismos financieros internacionales.