El submarino ARA San Juan (S-42) se hundía hace cinco años, un 15 de noviembre de 2017, en las profundidades del Atlántico sur como consecuencia de una serie de desperfectos técnicos que desencadenaron una tragedia en la que murieron sus 44 tripulantes, cuya recuerdo es honrado por sus familiares en un reclamo de justicia que no cesa.
En la actualidad se siguen varias causas judiciales por este hecho ocurrido durante el Gobierno de Mauricio Macri, y además un Consejo de Guerra estableció sanciones disciplinarias para los mandos superiores de la Armada.
En 2016, el entonces jefe de Gabinete Marcos Peña informó al Congreso que el submarino ‘estaba operativo’ en la base de Mar del Plata. El funcionario fue advertido por legisladores sobre la necesidad de llevar el submarino hacia ‘dique seco’ para efectuarle reparaciones, pero no contestó sobre ese requerimiento. Familiares de los tripulantes confiaron en varias oportunidades que los marinos les habían contado que el sumergible necesitaba una reparación para continuar navegando. Informaciones periodísticas consignaron semanas después de la tragedia que se había reportado en el submarino un problema con la válvula de acceso de aire, que originó el ingreso de agua a la nave.
El 8 de noviembre de 2017, la nave había partido desde la base naval de Ushuaia en una misión de patrullaje por el litoral marítimo argentino, y se sabe que un día antes de su desaparición reportó un desperfecto eléctrico y un principio de incendio en su sala de máquinas, que resultó subsanado por la tripulación.
‘Ingreso de agua de mar por sistema de ventilación al tanque de baterías ocasionó cortocircuito y principio de incendio’, comunicó el comandante del ARA San Juan, el capitán de fragata Pedro Martínez Fernández, a la 7.30 del 15 de noviembre de 2017. Ese fue el último contacto que tuvo el submarino con la base naval de Mar del Plata, cuando la nave se encontraba a 432 kilómetros de la costa patagónica, a la altura del Golfo San Jorge. Por la noche del día 16, los medios de comunicación informaron que las autoridades habían perdido contacto con el submarino. Horas más tarde, el Ministerio de Defensa a cargo de Oscar Aguad reconoció el extravío de la nave, y activó el protocolo SAR para la búsqueda y rescate de embarcaciones. El 30 de noviembre Defensa admitió que no había posibilidades de encontrar con vida a los marinos.
En 2018, los familiares reclamaban que el Gobierno licitara la contratación de un buque que realizara un rastrillaje en la zona en la cual el submarino se había perdido.
Finalmente, el Estado contrató a la empresa con sede en Estados Unidos Ocean Infinity que movilizó hasta la zona al buque Seabed Constructor, que inició la búsqueda.
El 17 de noviembre de 2018, la Armada confirmó que el Seabed había detectado al submarino a más de 900 metros de profundidad y a 500 kilómetros de la costa patagónica. La embarcación tenía el casco ‘totalmente implosionado’ y sin ‘aberturas de consideración’.
En febrero del 2020, la jueza Marta Yáñez procesó al contraalmirante Luis López Mazzeo, al capitán de Navío Claudio Villamide, al contraalmirante Luis Malchiodi, al capitán de navío Héctor Alonso, al capitán de fragata Hugo Miguel Correa y al capitán de corbeta Jorge Andrés Sulia por estrago doloso al haber desoído las advertencias sobre el funcionamiento defectuoso.
La pérdida motivó la realización de un Consejo de Guerra por parte del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas y el Ministerio de Defensa. El Consejo dispuso el arresto por 45 días del jefe de la Armada, Marcelo Srur y la destitución del capitán de navío Claudio Villamide, exjefe del comando de submarinos.
Mazzeo fue sancionado con 15 días de arresto, el capitán de navío Héctor Alonso con 30 días, y el mismo castigo se le aplicó al capitán de fragata Miguel Correa.
En septiembre de 2020, en la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) se hallaron materiales que documentaban actividades de seguimiento y espionaje a los familiares de los marinos del ARA San Juan por parte de agentes de ese organismo.
Cristina Caamaño, interventora de la AFI cuando se produjo este hallazgo, denunció el hecho ante la Justicia, y en diciembre de 2021 Martín Bava dictó el procesamiento de Macri en una causa en la que también estaban procesados los jefes de la AFI durante el gobierno de Cambiemos, Gustavo Arribas y Silvia Majdalani.
En julio pasado, los jueces de la Cámara Federal porteña Mariano Llorens, Pablo Bertuzzi y Leopoldo Bruglia dictaron el sobreseimiento de Macri, Arribas y Majdalani. Una decisión que las querellas que representan a los familiares apelaron ante la Cámara de Casación.
En Mar del Plata
El ministro de Defensa, Jorge Taiana, encabezará hoy desde las 18 en la Base Naval de Mar del Plata la ceremonia central de homenaje a los 44 tripulantes del submarino ARA San Juan, al cumplirse cinco años del hundimiento de la embarcación en el Atlántico Sur.