La Legislatura provincial de La Rioja aprobó la emergencia energética provincial, como paso previo a la estatización del servicio. Tal como ocurrió en San Juan, la energía eléctrica riojana había estado en manos del Estado provincial en años anteriores.
Hasta 1995 el servicio había estado a cargo de la estatal Empresa Provincial de Energía de La Rioja (Epelar). Su antecesor fue otra empresa estatal que tuvo el servicio hasta 1992: se trata de Agua y Energía Eléctrica.
Actualmente está a cargo de la empresa privada concesionaria Edelar S.A (del grupo Vila-Manzano), a la que cuestionan por no haber hecho inversiones necesarias. Por eso, la Legislatura aprobó en la sesión ordinaria del jueves pasado un proyecto de Ley que declara el estado de emergencia energética en la provincia en lo que respecta a la prestación de los servicios de generación, transporte y distribución de energía que conforman el sistema eléctrico provincial, como también los bienes asociados a los mismos. La iniciativa fue enviada por el Ejecutivo, a cargo del gobernador provincial Luis Beder Herrera (afín al kirchnerismo). Así, se le concedió amplias facultades al Gobierno riojano para regular, normalizar y mejorar el servicio.
Ante la ‘gran desinversión‘ detectada por parte de la empresa privada concesionaria, Edelar S.A., del grupo Vila Manzano, los usuarios deberán pagar un porcentaje de sus consumos para hacer obras. Sergio Casas, vicegobernador, dijo que la emergencia ‘es una cuestión muy necesaria. Todos sabemos cómo es la situación con la empresa Edelar, que no hizo las inversiones que debía‘.
Como en varios contextos, el Estado debe tomar intervención en ello, para garantizar el servicio a los usuarios‘. Reconoció, sin embargo, que la norma ‘no significa una solución inmediata para la gente, pero sí nos abre una esperanza para que en el menor tiempo posible la provincia realice las inversiones necesarias y garantice un buen servicio a los riojanos‘.
En el mismo sentido, el presidente del mayoritario bloque justicialista, Mario Guzmán Soria, advirtió que ‘los apagones y los cortes son ahora; pero las soluciones pueden llevarnos años y mucha inversión de por medio‘. Y abundó: ‘Esta decisión se da por el fracaso a un esquema privatizador que se dio en otra época‘, en alusión a la década del ’90 y el menemismo, del cual el gobierno local formó parte.
Oscar Chamía, diputado oficialista, anunció que la ley crea una comisión legislativa que controlará el proceso. Anunció además que se crea un fondo de 400 millones de pesos ‘y alguna especie de aumento, no a la tarifa, sino al consumo, para que a los que menos tienen no les llegue el impacto‘. Juan Amado y Guillermo Galván (radicales) apoyaron la iniciativa en general pero pidieron, sin éxito, que no sea el Ejecutivo el que rescinda el contrato de concesión.