Un día después de Carlos Zannini, le tocó el turno el ex secretario general de la Presidencia, Oscar Parrilli, quien llegó poco antes de las 9 a la sede judicial de Comodoro Py 2002, donde prestó declaración indagatoria por la causa que investiga un presunto encubrimiento del atentado a la AMIA, vinculado con la firma del memorándum de entendimiento entre la Argentina e Irán.
Parrilli aclaró que como secretario general de Presidencia "no tenía atribuciones sobre la política exterior" y consideró que se trata de "una causa armada" contra la administración kirchnerista.
También está citado a declarar el ex número dos de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI), Juan Martín Mena. Ambos están acusados de formar parte de las misiones diplomáticas en las que se sellaron el tratado.
Como parte del mismo expediente, ayer declaró el ex secretario legal y técnico, Carlos Zaninni, quien estuvo tres horas con el magistrado (gran parte del tiempo se la pasó leyendo el expediente) y negó su participación en la firma del tratado.
En su descargo, Zannini aseguró que la política del Poder Ejecutivo siempre fue acompañar a las víctimas del ataque terrorista y encontrar alternativas para esclarecer la voladura de la mutual judía, que dejó 85 muertos y cientos de heridos.
Pasado mañana, le tocará el turno en Comodoro Py a la principal apuntada en la causa, la ex presidente Cristina Kirchner.
Bonadio y el fiscal a cargo del expediente, Eduardo Taiana, investigan la denuncia que impulsó en vida el ex titular de la UFI-AMIA, Alberto Nisman, que busca determinar si se configuró un "encubrimiento agravado" de los acusados del ataque a la AMIA.
Poco antes de aparecer muerto de un disparo en su departamento, el fiscal acusó a la ex Presidente y otros funcionarios de su gestión de llevar adelante la firma del memorándum con el objetivo de sellar un pacto espurio con el régimen iraní, que consistía en acuerdos comerciales a cambio de impunidad de los imputados por el atentado perpetrado en 1994.
Para el kirchnerismo, la denuncia no tiene sustento ya que el tratado no entró en vigencia luego de ser declarado inconstitucional por la Justicia argentina, y porque el parlamento iraní tampoco lo ratificó.
Desde la defensa argumentan también que la firma de un tratado internacional no es materia judiciable, por ser una ley sancionada por el Congreso nacional, y advierten que tampoco se cayeron las "alertas rojas" de Interpol contra los sospechosos, uno de los puntos centrales de la denuncia.