La Oficina Anticorrupción (OA) les pidió ayer a los ministros de Energía, Juan José Aranguren, y de Finanzas, Luis Caputo, que “ratifiquen o rectifiquen” los datos de sus respectivas declaraciones juradas, a raíz de las revelaciones del denominado informe Paradise Papers, que vinculó a ambos funcionarios con sociedades offshore (costa afuera).
Por medio de sendas notas, la titular de la OA, Laura Alonso, le solicitó ayer a los dos funcionarios que integran el gabinete nacional del Gobierno de Mauricio Macri que “ratifiquen o rectifiquen” los datos que consignaron en las declaraciones juradas que presentaron ante ese organismo, ya que contiene anexos reservados a los que la oficina no tiene acceso.
Según informaron fuentes de la OA, a esos anexos sólo tiene acceso el ministro de Justicia, Germán Garavano, a quien se le pedirá autorización para poder observar esa documentación. Según los datos difundidos por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en el informe llamado Paradise Papers, tanto Aranguren como Caputo habrían tenido vínculos con sociedades offshore.
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El ICIJ reveló que Caputo aparece como quien manejó el fondo de inversión Alto Global Fund, inscripto en las Islas Caimán, un paraíso fiscal. Según el informe, el funcionario tuvo a su cargo Noctua Partners LLC, una gerenciadora de fondos de inversión de Miami con ramificaciones en el Estado de Delaware, EEUU, conocido como un paraíso fiscal.
Para evitar cualquier atisbo sobre potenciales conflictos de interés, Caputo afirmó que renunció a la administración de Noctua y de Alto Global Fund semanas antes de asumir como funcionario de Finanzas en diciembre de 2015.
Caputo sostuvo que no existía “ningún conflicto de interés” y que “hoy” no tiene “nada que ver” con Noctua. En tanto, Aranguren se habría desempeñado como director de una sociedad offshore en Barbados, que fue beneficiada con contratos de venta de gasoil al Estado argentino por más de 150 millones de dólares. Según la información periodística, mientras se desempeñaba como ejecutivo de Shell, integró los directorios de al menos dos sociedades offshore: Shell Western Supply and Trading Ltd y Sol Antilles y Guianas Limited.
En respuesta, Aranguren aclaró en un comunicado que, desde que es funcionario público, no tuvo participación “en ninguna operación adjudicada a Shell” y que “todas las compras de Enarsa y Cammesa se hacen a través de licitaciones públicas”.
“Quiero aclarar una vez más que, tal como lo ordena la Ley de Ética, desde que soy ministro no tuve participación en ninguna operación adjudicada a Shell ni en ninguna otra actuación referida particularmente a Shell”, aseguró Aranguren. A raíz de las revelaciones del Paradise Papers, Unidad Ciudadana -el espacio que lidera Cristina Kirchner- solicitó la renuncia de ambos funcionarios.
En el entorno de Aranguren, que asumió en 2015 su cargo como ministro, remarcaron que no es ilegal dirigir una offshore y que hace 13 años no tiene más que ver con esas firmas. Ninguno de los fondos de inversión figura en la declaración jurada que Caputo presentó en la OA cuando ingresó a la administración pública. Operar con sociedades offshore no implica de por sí una actividad ilícita; depende de la decisión de los sujetos participantes de informar o evadir a los organismos tributarios de sus respectivos países. Télam