La Cámara de Diputados se encaminaba al cierre de esta edición a convertir en ley el proyecto de Pago Soberano de deuda enviado por el Poder Ejecutivo, en el marco de una sesión que -pasadas las 20.30- llevaba más de seis horas de debate y en la que restaban las exposiciones de más de 80 oradores. Por esto, la aprobación final del cambio de lugar de pago a los bonistas reestructurados, se estimaba alrededor de las 5 de la madrugada de hoy.
La votación era casi un trámite para el oficialismo ya que no tenía dificultades para imponer su mayoría en la Cámara Baja.
La iniciativa ofrece un plan para el pago local de la deuda a los inversores que no pueden cobrar en EEUU por un litigio judicial.
El proyecto, que la semana pasada recibió ya el visto bueno del Senado nacional, era eje de un intenso debate entre el oficialismo, impulsor del proyecto y mayoritario en la Cámara Baja, y la oposición, que en gran parte rechaza el plan.
‘Como no pudimos en Nueva York, planteamos con esta ley pagar en Argentina, pagar en Francia o donde los bonistas quieran. La intención de Argentina es pagar y cumplir. Éste es el sentido fundamental de esta ley‘, dijo el diputado Roberto Feletti, del gobernante Frente para la Victoria, al abrir el debate.
Según el diputado oficialista, la iniciativa constituye ‘una clara señal‘ del Parlamento ‘para defender el proceso de reestructuración‘, concretado con los canjes de 2005 y 2010.
Los pagos a los acreedores que aceptaron los canjes, con los que Argentina trató de resolver el problema creado por el millonario cese de pagos de 2001, se ven complicados en EEUU por una orden de bloqueo emitida por el juez neoyorquino Thomas Griesa.
Este juez falló a favor de fondos de inversión que no se acogieron al canje (también conocidos como fondos buitres) y que reclaman a Argentina 1.300 millones de dólares, más intereses, por bonos en mora desde 2001, una decisión ratificada por el Supremo estadounidense.
‘El mejor procedimiento para sacarse de encima al juez Griesa es cumplir la sentencia‘, aseveró Pablo Tonelli, de la opositora Propuesta Republicana, que rechaza el proyecto.
El fallo de Griesa sostiene que la Argentina no puede pagarles a los bonistas del canje, si antes no le paga el 100 por ciento a los fondos buitres que ganaron el litigio puntual, por una suma de 1.300 millones de dólares actualizables, cifra que a la fecha asciende a más de 1.500 millones de dólares.
Argentina ingresó al Bank of New York Mellon (BONY) los fondos correspondientes al último vencimiento de deuda reestructurada, en junio, pero la entidad, que funciona como intermediario entre el Estado argentino y sus acreedores, no distribuyó los fondos a sus destinatarios porque Griesa bloqueó la operación. El próximo vencimiento será a finales de este mes, por 200 millones de dólares.
‘El Gobierno está colocando a nuestro país en una situación de extrema gravedad institucional‘, aseveró la diputada opositora Elisa Carrió, quien dijo que la ley ‘dificultará aún más la posibilidad de llegar a un acuerdo‘ con los querellantes.
El proyecto incluye sustituir al BONY por el estatal Banco Nación como agente fiduciario de pago y que los acreedores nombren sus propios agentes de cobro para garantizar que se harán con su dinero.
La iniciativa original proponía a los inversores cobrar en Argentina, pero, a propuesta de la oposición, se incluyó como opción en el proyecto que los acreedores puedan también cobrar en Francia a través de un canje de sus bonos bajo legislación estadounidense por otros bajo legislación francesa. Para el diputado Martín Lousteau, del opositor frente Unen, un cambio de agente fiduciario no resolverá el problema, pues ‘Griesa va a impedir‘ que una ‘institución participe para que el dinero les llegue a los tenedores de bonos‘. (DyN, Télam).