El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 8 (TOCF8) rechazó esta martes el pedido de excarcelación planteado por el ex líder de la agrupación Quebracho Fernando Esteche en el marco de la causa que se le sigue por presunto encubrimiento de los iraníes acusados de haber planificado y ordenado el ataque terrorista de 1994 contra el edificio sede de la AMIA.
En cambio, el tribunal, integrado por los jueces Sabrina Namer, Gabriela López Iñíguez y José Michilini -quien asumió como subrogante para este caso en reemplazo de un colega excusado, Nicolás Toselli-, accedió a liberar al dirigente de la comunidad islámica en Buenos Aires Jorge Khalil.
De esta manera, Esteche permanecerá en prisión hasta el juicio oral, que todavía no tiene fecha de inicio y donde compartirá el banquillo de los acusados con la ex presidenta Cristina Fernández, el ex líder piquetero Luis D’Elía, el ex secretario de Legal y Técnica Carlos Parrilli y el ex canciller Héctor Timerman, entre otros. Así los jueces rechazaron la opinión del fiscal de libertar a Esteche bajo una fianza de 400 mil pesos.
Namer y López Iñíguez ya habían excarcelado la semana pasada a D’Elía y Zannini, mientras que Timerman, a quien le habían dado una prisión domiciliaria por cuestiones de salud, jamás fue encarcelado y fue autorizado a salir del país para atenderse por su enfermedad en los Estados Unidos. Las detenciones se habían producido el año pasado por orden del juez Claudio Bonadio, quien incluso procesó con prisión preventiva a la ex presidenta, amparada por sus fueros como senadora.
El fiscal Marcelo Colombo dictaminó antes en favor de concederle la excarcelación al supuesto referente de la comunidad islámica argentina Jorge Khalil y de otorgarle la libertad bajo una fianza “no menor a 400 mil pesos” al dirigente político Fernando Esteche, en el marco de la causa por la firma del Memorándum de Entendimiento con Irán, informaron fuentes judiciales.
Colombo presentó su dictamen este mediodía ante el Tribunal Oral Federal (TOF) 8 que deberá definir si Khalil y Esteche están en condiciones de recuperar su libertad de cara al juicio oral y público en el que también serán juzgados la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner y el ex canciller Héctor Timerman.
Antes de resolver los pedidos de excarcelación, los integrantes del TOF 8 deberán decidir si aceptan o rechazan las dos recusaciones presentadas contra una de sus integrantes, Sabrina Namer, quien antes fue miembro de la Unidad Fiscal de Investigación (UFI) del atentado a la AMIA.
El TOF 8 ya sufrió una baja en el marco de este expediente: el juez Nicolás Toselli se excusó de intervenir en el expediente por que su suegro -el ex embajador argentino en Siria- es testigo en la causa; por lo que fue reemplazado por el magistrado José Michilini.
Los jueces Michilini y Gabriel López Iñíguez serán los responsables de responder a los planteos de recusación contra Namer formulados ayer por la querella de los familiares de las víctimas del atentado y hoy por la DAIA.
Una vez que resuelvan esos incidentes, los integrantes del TOF 8 se enfocarán en responder los pedidos excarcelación formulados por las defensas de Khalil y Esteche, para lo cual tienen un plazo de 24 horas desde la recepción del dictamen fiscal.
El dictamen de Colombo se remitió a los fallos con los cuales, en la madrugada del 24 de marzo, los ex funcionarios kirchneristas Luís DŽElía y Carlos Zannini recuperaron su libertad; según informaron a Télam fuentes con acceso al expediente.
A liberar a Zannini y a DŽElía, el TOF 8 había hecho hincapié en que ambos estuvieron siempre a derecho, que tenían condiciones de arraigo y que su libertad no ponía en riesgo la investigación, dado que ya había sido recogida toda la prueba con la que serán sometidos a juicio.
El fiscal opinó que Khalil está en condiciones de ser liberado bajo caución juratoria mientras que Esteche debería abonar una caución real no menor a 400 mil pesos dado que tiene antecedentes penales y cumplió una condena de prisión efectiva.
Khalil y Esteche fueron acusados de formar parte de la “puesta en marcha de un sofisticado plan criminal deliberadamente ideado para encubrir y dotar de impunidad a los ciudadanos iraníes” acusados por el ataque terroristas de 1994.
La investigación se originó en la denuncia que presentó el fallecido fiscal Alberto Nisman contra la ex mandataria, y otros, el 14 de enero de 2015, 4 días antes de aparecer muerto en el baño del departamento que habitaba en el barrio porteño de Puerto Madero.