Cuando crecen las urgencias fiscales de las provincias y algunos gobernadores planean recurrir a un préstamo para pagar sueldos a los estatales, la Nación volverá a salir al rescate para darle un respiro a las arcas de los distritos. Para eso, la presidenta, Cristina Fernández, sellará el próximo lunes con los gobernadores una nueva refinanciación de los vencimientos de deuda de las provincias con la Nación, que extenderá la tregua en los pagos por otros tres meses.
El encargado de anticipar la firma fue el jefe de Gabinete, Jorge Capitanich, quien señaló que la jefa de Estado suscribirá con los mandatarios ‘el proceso de estructuración del flujo de servicios de capital e intereses de deuda‘. Esta medida también tendrá un fuerte impacto en San Juan ya que le permitirá volver a diferir, como en enero, el pago de la deuda consolidada.
Según adelantó a DIARIO DE CUYO el ministro de Hacienda, Francisco Alcoba, el nuevo convenio con la Nación implicará para San Juan, diferir el pago por amortización e intereses de deuda por un total de 33 millones de pesos hasta el 31 de julio próximo.
La deuda consolidada de San Juan es de alrededor de los 1.100 millones de pesos.
Alcoba destacó que para la firma de esta nueva prórroga, la Nación amplió el requerimiento de información que las provincias deben transferir para acceder al beneficio.
Entre estos nuevos ítems mencionó las tareas realizadas en materia de seguridad, en el área de desarrollo social, en el sector laboral, qué obras públicas se están ejecutando, también datos sobre salud, educación, entre otros.
En total son 26 los anexos sobre los que se ha pedido información a la provincia.
La última medida de este tipo data de diciembre de 2013, cuando la Casa Rosada anunció una extensión de la tregua en los pagos de 17 provincias hasta el 31 de marzo, para habilitar luego renovaciones bilaterales y de carácter trimestral.
En este contexto, las primeras semanas de abril estuvieron signadas por el febril envío de información provincial al Gobierno nacional sobre su desempeño fiscal y financiero durante el primer trimestre, incluidos datos sobre marcha de la recaudación y del gasto y sobre el número de empleados públicos. Hasta el momento, ese ida y vuelta no derivó en la obligación de los gobernadores de cumplir metas fiscales, como se barajó inicialmente desde la Casa Rosada.